Hace varias semanas, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emitió dos directrices con respecto a la Universidad de Puerto Rico (UPR). En primer lugar, indicaron que el presupuesto dedicado a la UPR debe ser reducido por $300 millones. En segundo lugar, señalaron que se debe aumentar el ingreso de matrícula como parte de un cambio que lleve a cobrar la misma a base del ingreso familiar de los estudiantes.
Para analizar cuál sería el efecto principal de un aumento de matrícula en las finanzas de la UPR es preciso entender la estructura fiscal de nuestro primer centro docente. Eso requiere considerar el acuerdo que tiene la UPR con sus bonistas.
Como regla general, en una emisión de bonos, la entidad que emite los mismos le ofrece a los inversionistas unos ingresos pignorados, brindándoles acceso prioritario a los mismos. Usualmente, esto significa que esos ingresos se utilizarán para el pago del servicio de la deuda antes de ser utilizados para cualquier otro propósito.
En el caso de los bonos emitidos por la UPR, los ingresos pignorados incluyen, en este orden de prioridad, los siguientes: (1) matrícula que pagan los estudiantes; (2) otros cargos que se le imponen a los estudiantes; (3) ingresos devengados de rentas que se cobran por el uso de instalaciones universitarias cuyo costo de construcción fue financiado por los bonos; (4) ganancias de las librerías; (5) ingreso devengado de inversiones; (6) pagos por gastos indirectos recibidos de subvenciones (“grants”) federales para proyectos de investigación; (7) cualquier otro ingreso que no incluya las asignaciones presupuestarias del gobierno estatal; y (8) fondos recibidos mediante subvenciones del Gobierno de Estados Unidos o sus agencias para el pago de servicio de la deuda. Solamente si esas fuentes de ingreso no fueran suficientes, y como último recurso, se podrían utilizar otros fondos disponibles de la UPR, incluyendo los fondos recibidos del estado mediante fórmula. (Ver el Official Statement de la emisión de bonos de la UPR ascendente a $546,150,000 de 30 de noviembre de 2006, páginas 7 y 8.)
En otras palabras, los principales beneficiarios de un aumento de matrícula en la UPR serían los bonistas. La institución solamente recibiría el sobrante. Para pagarle a los bonistas, sin embargo, no hace falta más recursos pues, según ha informado su Presidenta, la UPR ya tiene el dinero para pagar el servicio de la deuda y la única razón por la cual no se ha realizado el pago es porque una ley, claramente inconstitucional porque menoscaba relaciones contractuales, lo impide. Entonces, ¿para qué aumentar la matrícula?
Es indudable que la UPR necesita más recursos. No obstante, a base de su estructura fiscal, particularmente su acuerdo con los bonistas, los aumentos de matrícula serían la fuente preferible de ingresos solamente si fuera necesario obtener un nuevo financiamiento. De lo contrario, sería preferible que esos recursos provengan de nuevas fuentes. Ejemplo de esto podría ser que la UPR ponga a funcionar de verdad su fondo dotal. Además, se debe implantar la propuesta del gobernador Rosselló de utilizar los recursos docentes de la UPR como asesores del estado.
El “Informe Krueger” comenzó la mala práctica de analizar los emisores de deuda del gobierno como un solo grupo. Esto bajo la premisa de que, aunque constituyen emisores de deuda legalmente separados, en la práctica todo se paga de la misma fuente de fondos. Cuando consideramos, por ejemplo, el caso de la UPR, donde la deuda se paga de los fondos propios y no de los dineros recibidos por fórmula, comenzamos a ver lo errado que está ese análisis. Lamentablemente, la JSF sigue utilizándolo. ¿Cuándo van a darse cuenta de que su análisis no es el correcto?
– – – # # # – – –
Nota: Este escrito fue publicado, bajo el título de “Alza en matrícula beneficia a bonistas”, en el periódico El Nuevo Día, 9 de febrero de 2017, página 51.
Copyright (Derechos Reservados) © 2017, Carlos A. Colón De Armas
Carlos A. Colón De Armas - BLOG 