La discusión sobre la reforma de impuestos federales ha demostrado que los verdaderos obstáculos para articular una buena estrategia de desarrollo económico para Puerto Rico tienen muy poco que ver con esa reforma.
Puerto Rico necesita un desarrollo económico que gire alrededor del sector privado y que se fundamente en las exportaciones de bienes y servicios producidos por empresas cuya base de operaciones sea la Isla. No obstante, los diferentes grupos políticos y las diversas organizaciones del sector privado, nos llevan en otra dirección.
La reforma plantea la eliminación de las ventajas impositivas que disfrutan las empresas multinacionales americanas en Puerto Rico. Ante esa posibilidad, los defensores del estatus político actual de la Isla argumentan que esas ventajas han servido como base al progreso de Puerto Rico y, por lo tanto, se deben conservar. Además, advierten sobre pérdida de empleos y de ingresos para el fisco de eliminarse esas ventajas. Esto aunque la evidencia disponible demuestra que el progreso económico de los puertorriqueños no se debió a los incentivos contributivos, ni ocurriría una debacle económica si se aprueba la reforma de impuestos federales según propuesta, como no ocurrió una debacle cuando terminó la Sección 936.
Los defensores del estatus actual ven el estatus, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta económica. Muchos estadistas comparten esa visión, pero argumentan que la estadidad es mejor para el desarrollo de la Isla que el estatus actual. Para sostener esa posición hacen referencia a los poderes políticos y a los fondos federales adicionales que la estadidad proveería. De esta forma, lo que en realidad ofrecen los estadistas que así piensan es un desarrollo económico que gira en torno al gobierno, pero el federal.
Los independentistas también ofrecen un desarrollo económico centrado en el gobierno. En su caso, sin embargo, sería el gobierno local de la Isla el que se encargaría de decidir a qué empresas proteger y negociaría con los gobiernos de otros países para favorecer ciertos sectores industriales de la economía. Esto aunque la tendencia mundial en los últimos años haya sido la de ir reduciendo la intervención de los gobiernos en el ámbito económico.
El sector privado también es parte de los que argumentan en la Isla a favor del dirigismo gubernamental. Lo que es verdaderamente inconcebible es que ese dirigismo por el que abogan sea a favor de empresas de fuera de Puerto Rico, algo que, históricamente, ha resultado adverso a las empresas locales que son las que uno pensaría que deberían querer favorecer.
Como se puede apreciar, todos los grupos políticos y del sector privado, en mayor o menor grado, abogan por una estrategia económica que consiste de que el gobierno (federal o local) decida a qué entes va a favorecer y a cuáles no (lo que en inglés se conoce como picking winners and losers).
Si de verdad queremos mejorar la calidad de vida en Puerto Rico debemos comenzar por resolver los dos problemas fundamentales que enfrenta la Isla. Por un lado, el estatus político actual constituye un problema porque les viola los más básicos derechos humanos a los puertorriqueños y eso no debe permitirse bajo ningún concepto. Por otro lado, ese sacrificio de derechos humanos a cambio de unas supuestas herramientas de desarrollo económico no ha funcionado y hay que revertir la trayectoria descendente que exhibe nuestra economía desde mediados de los años setenta.
Estos dos problemas se deben resolver por separado. Lamentablemente, la mayoría de los puertorriqueños enmarca esos problemas en función del otro. Para unos, el problema del estatus debe resolverse escogiendo la fórmula que más ayude al desarrollo económico. Para otros, primero hay que arreglar la economía para luego atender el estatus. Esto no debe ser así.
El estatus político debe resolverse escogiendo una fórmula que salvaguarde los derechos humanos de los puertorriqueños. La solución que se escoja, la que sea, no tiene que estar reñida con un desarrollo económico vigoroso en la Isla. Esto se demuestra con el hecho de que muchos países independientes, y todos los estados de la unión, tienen economías más sólidas que la de Puerto Rico.
De igual forma, la estrategia económica se debe establecer a base de principios de macroeconomía con el objetivo de optimizar los recursos y maximizar la riqueza de todos en la sociedad. Pensar que se debe favorecer a las empresas y que eso beneficia al resto de la sociedad no es el enfoque adecuado. Lo correcto sería que el gobierno se dedique a establecer el mejor clima de negocios posible, sin escoger las industrias que se deban favorecer, y dejar que el mercado se encargue del resto. Esto debe hacerse al mismo tiempo que se protege a los más vulnerables en la sociedad. Si esto hacemos, la calidad de vida de los puertorriqueños mejoraría significativamente.
Mientras esto no se haga, y a medida que sigamos atando la solución al problema del estatus a la economía y la solución a los problemas económicos al estatus, Puerto Rico seguirá, como dice el famoso tango que cantaba Gardel, cuesta abajo. En ese sentido, la reforma de impuestos federales poco importa realmente.
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Nota: Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero,
20 de diciembre de 2017, página 18.
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