El Gobierno de Puerto Rico propuso una reforma contributiva que incluiría un impuesto sobre el valor añadido (IVA) de 16%, eliminaría el impuesto de ventas y uso (IVU), y reduciría la contribución sobre ingresos. Veamos algunas de las razones para concluir que esa reforma no debe implantarse.
No resuelve el problema. Busca aumentar recaudos cuando la causa de la crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico fue el exceso de gastos. Sería mejor concentrarse primero en reducir los gastos públicos y proponer una reforma contributiva cuando ese proceso esté completado.
La nómina y la deuda no son el problema. De acuerdo a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la nómina representa el 37% de los gastos del Fondo General y el 23% de los gastos del presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, hay margen para reducir gastos en otros renglones. Por su parte, el servicio de la deuda representa el 13% de los desembolsos del Fondo General y el 16% del presupuesto consolidado. Ambas cifras están dentro de los márgenes manejables y demuestran que estamos muy lejos del impago, suponiendo que no se desperdician los recursos del gobierno en gastos innecesarios.
El IVA es más costoso y complicado. Un estudio realizado por la Government Accountability Office (GAO‑08‑566) señala que un IVA le genera mayores costos administrativos al gobierno y les complica los procesos de cumplimiento a las empresas. Esto es todo lo contrario a lo que el gobierno debería estar tratando de hacer para salir de la crisis fiscal y económica que se vive en Puerto Rico.
Trae inestabilidad en el peor momento. En tiempos de crisis, cuando los asuntos normales no están funcionando como es debido y existe mucha incertidumbre, no es momento para experimentar con un nuevo impuesto como el IVA. Esto añadiría inestabilidad a la economía cuando ésta se encuentra frágil.
La inflación sería el menor de los problemas. Casi toda la oposición al IVA ha girado en torno al efecto inflacionario que surgiría como consecuencia de que los negocios suban los precios para cubrir los costos adicionales que conlleva el IVA. Esto supone, sin embargo, que haya clientes con la capacidad económica para pagar esos precios más altos. Ante lo débil de nuestra economía, y la merma en nuestra población, es altamente probable que, de subirse los precios, no habría la misma demanda para los bienes y servicios. Esto forzaría a muchos negocios a tener que absorber esos costos adicionales. De ser así, habría muchos negocios que desaparecerían, lo cual sería una consecuencia mucho más adversa que la inflación.
Sería perjudicial a la economía. El propio estudio de KPMG estima que, de implantarse la reforma según propuesta, el Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico se reduciría por más de 0.50 puntos porcentuales. El Producto Nacional Bruto, que es una mejor medida del ingreso de los puertorriqueños, podría reducirse aún más.
Promueve la evasión y la economía subterránea. Los impuestos al consumo capturan mejor para el fisco las actividades de la economía subterránea mientras la tasa del impuesto se mantenga dentro de un nivel razonable. Una tasa muy alta aumentaría el potencial de ahorro de la evasión lo cual induciría ese comportamiento. Por lo tanto, un IVA con una tasa tan alta como la propuesta, en lugar de contribuir a una mejor captación, podría aumentar la evasión y producir un resultado opuesto al deseado.
La baja captación del IVU no provocó la crisis fiscal. No obstante que su alta tasa implica lo contrario, los defensores del IVA alegan que su estructura contribuye a una mejor fiscalización y que esto debe traducirse en una mayor captación de recaudos que el IVU. La baja captación del IVU, sin embargo, no causó la crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Después de todo, el Departamento de Hacienda realiza sus proyecciones de ingresos a base de la captación real de los impuestos y si el gobierno hubiera mantenido sus gastos dentro de los niveles estimados de ingresos nunca hubiese habido problema. Mejorar los recaudos mediante una mejor captación, mientras la estructura de gastos del estado permanece inalterada y los políticos continúan con su propensidad a gastar en exceso, no resolvería la crisis fiscal.
Reemplazar impuestos al ingreso por impuestos al consumo promueve la inversión y contribuye al crecimiento económico, siempre y cuando esto se haga de forma mesurada y reduciendo los impuestos al ingreso por una cantidad comparable. Esto no requeriría un nuevo impuesto pues existen alternativas más sencillas y con menos costos para la economía. Antes de hacer ese cambio, sin embargo, primero hay que reducir el gasto público y canalizar recursos hacia la inversión que es lo que necesita, desesperadamente, la economía de Puerto Rico.
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Nota: Una versión reducida de este escrito fue publicada en el periódico El Nuevo Día, 18 de marzo de 2015, página 66.
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