Los graves problemas deficitarios que sufre el Gobierno de Puerto Rico han llevado a muchas personas a sugerir que se le impongan mayores impuestos a los bancos privados en Puerto Rico como una forma de allegarle recursos adicionales al erario. Un ejemplo de esto es la propuesta del Gobernador para aumentar la tasa contributiva que pagan los bancos.
Este tipo de propuesta va dirigida en la dirección equivocada, pues el déficit del presupuesto público no se debe a una falta de ingresos, sino que es causado por un exceso de gastos y por un gigantismo gubernamental desmedido. Por lo tanto, la solución al problema no debe girar en torno a nuevos ingresos, sino que se debe basar en una estrategia dirigida a reducir los gastos públicos.
Al mirar a los bancos privados como una fuente de nuevos ingresos para el gobierno, se está perdiendo de perspectiva que estos bancos ofrecen una de las mejores oportunidades de reducir el gigantismo gubernamental y los gastos públicos. En específico, los bancos privados podrían realizar muchas de las funciones que hoy en día llevan a cabo los bancos gubernamentales y el Departamento de Hacienda. Al hacer esto, no sólo contribuirían a reducir los gastos públicos, sino que también estarían contribuyendo al desarrollo económico de la Isla.
Antes de analizar esta posibilidad, sin embargo, es menester reconocer que la percepción generalizada en Puerto Rico con relación a los bancos que son propiedad del gobierno es muy favorable. Desde su creación en el 1942, la opinión prevaleciente considera, sin cuestionamiento alguno, que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) ha sido una de las instituciones que más ha contribuido al desarrollo económico de Puerto Rico y a la transformación e industrialización de nuestra economía. De igual forma, con la creación del Banco de Desarrollo Económico (BDE) en 1985, se alega que se proveyó una herramienta importante para beneficio de los pequeños y medianos comerciantes, cuya contribución a nuestro desarrollo económico se hace cada día más palpable. Iguales elogios se escuchan para instituciones similares que también son propiedad del gobierno y que ofrecen financiamiento en otras áreas de nuestra economía. Tan es así que, en una acción que considero no sólo un error financiero sino también urbano, el gobierno se propone construir, alrededor de la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano, un Centro Financiero Gubernamental para albergar varias de estas instituciones y darles mayor relieve.
La situación deficitaria de las arcas públicas, y la evidencia científica que se ha venido acumulando a través de los años, nos proveen una coyuntura idónea para reconsiderar, de cara hacia el futuro, esta opinión positiva que impera en Puerto Rico sobre la banca gubernamental. Esta evidencia científica, contrario a la opinión generalizada en Puerto Rico, tiende a sugerir que la existencia de bancos gubernamentales no contribuye, y hasta puede ser detrimental, al desarrollo económico de nuestra Isla.
En su edición de febrero de 2002, el Journal of Finance, una de las revistas académicas más importantes del campo de las finanzas, publicó un artículo de Rafael La Porta (Harvard University), Florencio López de Silanés (Yale University) y Andrei Shleifer (Harvard University) que lleva por título “Government Ownership of Banks”. En este artículo, los autores presentan evidencia sobre varios aspectos de la banca gubernamental, y su relación con el desarrollo económico, que tiene mucha relevancia para Puerto Rico y que es importante que consideremos. En esencia, los hallazgos de este estudio se pueden resumir en cuatro aspectos importantes.
En primer lugar, luego de considerar 92 países a través de todo el mundo, los autores encontraron un gran número de éstos cuyos principales bancos son propiedad, parcial o totalmente, del gobierno. Esta existencia de bancos gubernamentales continúa prevaleciendo en muchos lugares aún tan recientemente como en la década de los años noventa.
En segundo lugar, la existencia de bancos gubernamentales es mayor en países con un ingreso per cápita bajo, sistemas financieros poco desarrollados, gobiernos intervencionistas e ineficientes y pobre protección de la propiedad privada.
En tercer lugar, los autores encontraron una relación negativa robusta entre la existencia de bancos gubernamentales y el desarrollo futuro de los sistemas financieros. Dicho de otra forma, la intervención del gobierno en la banca se asocia con el retraso en el desarrollo del sistema financiero de un país.
Finalmente, los autores también encontraron una relación negativa significativa entre la banca gubernamental y el subsiguiente crecimiento en el ingreso per cápita y la productividad. En otras palabras, mientras mayor es la proporción de bancos que son propiedad del gobierno, menor es el futuro crecimiento económico del país.
Desde luego, esta evidencia no prueba causalidad. Es decir, los resultados presentados por los autores no prueban que la existencia de la banca gubernamental son la causa, necesariamente, de los aspectos negativos a los que se le asocia. Sin embargo, tampoco lo descarta. A la misma vez, los autores señalan que estos hallazgos sí son consistentes con el hecho de que una mayor intervención del gobierno en los asuntos económicos tiende a politizar el proceso de la distribución de recursos económicos y reduce la eficiencia económica de los países.
Este estudio nos debe llevar a reconsiderar, de forma seria y profunda, si los bancos gubernamentales han contribuido realmente a nuestro desarrollo económico o si, por el contrario, esto es una impresión que no guarda relación alguna con la realidad. A la misma vez, esta evidencia científica, unida al problema del gigantismo de que adolece el Gobierno de Puerto Rico, nos debe llevar a considerar la posibilidad de eliminar muchas de las funciones que realiza hoy en día la banca gubernamental y dejar que las mismas las lleven a cabo los bancos privados. De igual forma, se debe analizar si muchas de las operaciones que realiza el Departamento de Hacienda como, por ejemplo, la red de colecturías esparcidas a través de toda la Isla, pudieran ser eliminadas y negociar con los bancos privados para que, a través de sus sucursales, lleven a cabo las funciones de cobro que realizan las mismas.
Por más que queramos creer que nuestras instituciones bancarias gubernamentales contribuyen positivamente a nuestro desarrollo económico, cuando la evidencia científica, producto del análisis de 92 países, demuestra lo contrario, debemos hacer un alto y analizar este asunto con seriedad y fuera de consideraciones partidistas. Después de todo, esto podría tener implicaciones importantes para la implantación de cualquier estrategia de desarrollo económico de cara hacia el futuro.
Nuestras instituciones gubernamentales, nuestro modelo de desarrollo económico, y hasta nuestra situación política, son producto del conocimiento económico y las ideas que imperaban en el mundo a principios del siglo pasado. Estas ideas, en términos generales, partían de la premisa de que la intervención amplia del gobierno en los asuntos económicos es algo positivo. A medida que el conocimiento económico ha ido cambiando y la evidencia científica continúa sugiriendo, cada día más, que esta intervención gubernamental debe reducirse al mínimo posible, es menester reconsiderar nuestras estrategias económicas y políticas. El estudio antes citado nos puede ayudar también a darnos cuenta de esto.
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Nota: Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 1 de abril de 2005, página 40.
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