Cinco falacias sobre el ELA

El 25 de julio de 2013, celebramos el sexagésimo primer aniversario de la Constitución de Puerto Rico.  Aparte de sus bondades, es importante saber que se dicen muchas cosas sobre esa Constitución que no son ciertas.  Veamos cinco de esas falacias.

Falacia #1:  El actual estatus político de Puerto Rico se estableció en 1952.  Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso desde 1898.  Esa condición colonial, en su esencia, no ha cambiado.  Se han incorporado cambios a la relación (e.g., moneda, mercado, defensa y ciudadanía común, exención contributiva limitada, representación en el Congreso por un Comisionado Residente, Asamblea Legislativa y gobernador electos por los puertorriqueños), pero éstos se establecieron antes, y bajo otros estatutos separados, de la Constitución.  Ninguno de los aspectos esenciales que definen nuestra relación con los Estados Unidos se estableció en la Constitución que se aprobó el 25 de julio de 1952.

Falacia #2:  Estado Libre Asociado (ELA) es el nombre del actual estatus político de Puerto Rico.  ELA es el nombre que la Constitución de Puerto Rico (Artículo IX, Sección 4) le puso al cuerpo político (“body politic”) que la Ley Foraker de 1900 había denominado como “pueblo de Puerto Rico”.  Dicho de otra forma, el término ELA es, simple y sencillamente, un sinónimo para referirnos al pueblo de Puerto Rico y no a su estatus político.  Así lo consignó el propio Luis Muñoz Marín en un mensaje que pronunció ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 17 de febrero de 1954:  “…Debemos fijarnos en que el nombre del status de Puerto Rico no es el de Estado Libre Asociado: ése es el nombre de la criatura constitucional que hemos creado bajo el status…”

Falacia #3:  El actual estatus político es el responsable del progreso de Puerto Rico.  Si con la aprobación de la Constitución de Puerto Rico en 1952 no se estableció el actual estatus político, pues éste no pudo ser responsable por el progreso económico que experimentó la Isla a mediados del siglo pasado.  Ese progreso tuvo otras causas (El Vocero, 1/junio/2012, p. 21) que nada tienen que ver con el estatus.

Falacia #4:  Al ELA “se le acabó la gasolina”.  Si el actual estatus político de Puerto Rico no nos trajo el desarrollo, tampoco se le pudo haber terminado su capacidad de contribuir al mismo.  Después de todo, a nada se le acaba lo que nunca tuvo.

Falacia #5:  Bajo el actual estatus político, los puertorriqueños no pagamos impuestos federales.  Los puertorriqueños pagamos, anualmente, más de $3,000 millones en contribuciones o impuestos federales.  De hecho, durante los años 2009 y 2010, los puertorriqueños pagamos más impuestos federales que los residentes del estado de Vermont (El Vocero, 25/mayo/2012, p. 24).

Es importante celebrar la Constitución.  Esa celebración, sin embargo, debe realizarse por lo que esa Constitución realmente representa y no por las falacias que sobre ésta han querido que nos creamos.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 26 de julio de 2013, página 23.

 Copyright (Derechos Reservados) © 2013, Carlos A. Colón De Armas

Yo soy bajito y los ganchos encogen la ropa

El índice de masa corporal depende de la altura y se utiliza para determinar el peso más saludable de cada persona.  A base de ese índice, la Organización Mundial de la Salud estableció las siguientes categorías:  18.5 – 24.9 (peso normal), 25.0 – 29.9 (sobrepeso) y 30.0 en adelante (obesidad).  Recientemente, un médico calculó que mi índice de masa corporal es 34.4.  Cuando me dio el resultado, le pedí que repitiera el cómputo usando mi peso, pero una altura de ocho pies.  De esa forma, el índice obtenido (19.4) cayó dentro de la categoría de peso normal.  “Usted ve doctor”, le dije de inmediato, “yo no estoy gordo, yo lo que soy es bajito”.

Eso me recordó una conversación que tuve, hace unos días, con un amigo quien me relató que cuando se pone la ropa, luego de tenerla unos días en el clóset, le queda chiquita.  Yo le comenté que a mí me pasa lo mismo.  “El problema”, le expliqué a mi amigo, “es que los ganchos, al cabo del tiempo, encogen la ropa.

Dejando a un lado las anécdotas personales, de acuerdo al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, entre diciembre de 2012 y mayo de 2013, en Puerto Rico se perdieron 13,000 empleos.  Durante el mismo período, la población de la Isla se redujo por 7,000 personas, pero el Grupo Trabajador se redujo por 35,000 personas.  Eso quiere decir que 28,000 personas dejaron de buscar trabajo y, por lo tanto, para efectos de las estadísticas oficiales, no se consideran desempleadas.  Por esa razón, aun cuando se han perdido empleos, la tasa de desempleo se redujo de 14.6% a 13.4%.  No obstante la evidencia en contrario, el gobernador García Padilla sostiene que la reducción en la tasa de desempleo significa que en Puerto Rico se están creando empleos.

Por otro lado, según el Departamento de Asuntos del Consumidor, desde que se aumentó el arbitrio del petróleo de $3 a $9.25 por barril, el precio de la gasolina ha aumentado entre ocho y diez centavos por litro.  La línea oficial sostiene, sin embargo, que ese aumento no tiene nada que ver con el aumento al arbitrio del petróleo y solamente se debe a los problemas en Egipto.

Similarmente, luego del aumento de alrededor de $1,500 millones que aprobó el gobierno para cuadrar el presupuesto, se han comenzado a observar aumentos en varios artículos de consumo.  Otro medio de prensa, sin embargo, ha comenzado una serie de reportajes alegando que el aumento en la carne de cerdo se debe a un virus gastrointestinal que está afectando los cerdos en Estados Unidos.

Desde luego, usted puede pensar que en Puerto Rico se están creando empleos y que los aumentos en los precios no tienen nada que ver con los nuevos impuestos.  Claro, de la misma forma que yo soy bajito y que los ganchos encogen la ropa.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 19 de julio de 2013, página 24.

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El Departamento de Justicia es más importante que DACO para combatir la inflación

El Artículo 3 de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) establece que esa agencia se creó para, entre otros propósitos, “frenar las tendencias inflacionarias” y “el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo”.  De esa forma se institucionalizaron dos graves errores:  (1)  que para reducir precios el gobierno debe controlarlos,  y  (2)  que el DACO es la agencia de gobierno más importante en la lucha contra la inflación.

Un principio básico de economía postula que los precios se establecen a base de la interacción de las fuerzas de oferta y demanda.  La oferta viene de los productores de bienes y servicios, quienes procuran maximizar sus ganancias tratando de vender el mayor número de unidades al precio más alto posible.  La demanda surge de los consumidores, quienes tratan de pagar el menor precio posible y tienden a comprar la mayor cantidad de unidades mientras más bajo sea el precio.  En esa dinámica, los productores tratan de arrebatarle ventas a sus competidores bajándole el precio a los productos y servicios, para así ser favorecidos por los consumidores.  Esa competencia es la que produce los precios más bajos posibles.

Como los gobiernos no conocen los mercados con igual profundidad que sus participantes, al implantar un control de precios es altamente probable que ocurra uno de dos desenlaces negativos.  En primer lugar, podría establecerse un precio demasiado alto, en cuyo caso los productores tendrían mayores ganancias de las que obtendrían en un mercado competitivo, como parece ser el caso, por ejemplo, del gas licuado en Puerto Rico.  En segundo lugar, el precio fijado podría ser muy bajo, lo cual podría llegar a causar la escasez del producto o servicio en cuestión de no resultarles rentable a sus productores dedicarse a la venta del mismo, como ocurre cada vez que nos azota un huracán y se congelan precios.

El proceso de oferta y demanda tampoco opera adecuadamente cuando existen condiciones monopolísticas.  En esos casos, no existen suficientes suplidores para lograr que la competencia reduzca precios.

Para evitar condiciones monopolísticas en los mercados, el Departamento de Justicia cuenta con una Oficina de Asuntos Monopolísticos.  Lamentablemente, es difícil recordar cuándo fue la última vez que esa oficina tuvo alguna intervención dirigida a eliminar las muchas prácticas monopolísticas que abundan en Puerto Rico.

En la lucha contra la inflación, debido a sus efectos adversos, el gobierno no debe controlar precios.  En su lugar, debe enfocarse en garantizar que los mercados operen lo más libremente posible.  En esa batalla, el Departamento de Justicia es más importante que DACO.  En la realidad, sin embargo, ocurre todo lo contrario y el grueso de las acciones del gobierno para combatir la inflación giran en torno al control de precios.  Como resultado, los precios suben, los productores ven sus ganancias garantizadas y el pueblo, como siempre, sufre las consecuencias.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 17 de julio de 2013, página 23.

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Las preferencias y la sustitución de importaciones

Muchas personas argumentan que una forma de contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico es otorgándoles preferencias en las compras del gobierno a los bienes y servicios producidos por empresas puertorriqueñas.  Además, hay quienes sostienen que la Isla debe desarrollar una política dirigida a sustituir importaciones, o sea, producir localmente todo lo que hoy se importa.

Aunque, a primera vista, esas iniciativas suenan simpáticas y hasta podrían parecer lógicas, cuando las examinamos con mayor profundidad tenemos que concluir que las mismas constituyen estrategias económicas erradas.  Veamos algunas razones para esto.

1)     Las preferencias y la sustitución de importaciones son estrategias dirigidas a favorecer a un sector de la economía (productores) perjudicando así a otros sectores (consumidores).  Por ejemplo, ese tipo de estrategias reduce la competencia, lo cual resulta en un aumento de precios.  Eso le resta recursos a los consumidores que hubieran podido dedicarlos a otras actividades, resultando éstas perjudicadas.  Como consecuencia, algunos productores saldrían beneficiados pero el efecto en la macroeconomía no sería el óptimo y los beneficios a la sociedad en general no se maximizarían.

2)     Los negocios puertorriqueños necesitan enfocarse en los mercados fuera de la Isla, donde hay un mayor potencial de ventas, y no en el mercado local que es muy limitado.  Propuestas como las de preferencias y de sustitución de importaciones, sin embargo, inducen a empresarios del patio a concentrarse en tratar de llevarse una mayor tajada del mercado local.  Contrario a eso, lo que necesita Puerto Rico es crear un ambiente de internacionalismo y apertura que esas propuestas no promueven.  En otras palabras, las preferencias y la sustitución de importaciones van en contra de la dirección hacia la cual las empresas puertorriqueñas deben dirigirse.

3)     El hecho de que Puerto Rico debe moverse hacia la exportación de bienes y servicios significa que los empresarios en la Isla deben promover la apertura de mercados en todos los lugares.  Contrario a ese comportamiento deseado, las preferencias y la sustitución de importaciones van dirigidas a cerrar mercados.  Para que nos abran otros mercados, sin embargo, no podemos comenzar por cerrar el nuestro.

4)     Cualquier estrategia económica tiene que partir de la realidad del mundo de hoy.  Las preferencias y la sustitución de importaciones, sin embargo, van en contra de las tendencias mundiales de libre comercio internacional.  Es muy difícil pensar que nuestra economía se va a beneficiar de unas iniciativas que van en contra de la globalización.

 

El sector de negocios ha tratado de ejercer liderato en promover el desarrollo económico de Puerto Rico. Para que ese liderato sea efectivo, es importante que no se limiten a adelantar iniciativas que favorezcan a sectores particulares, sino que promuevan estrategias que realmente nos beneficien a todos en la sociedad.  Eso, y abrirle mercados internacionales a los bienes y servicios producidos en la Isla, serían las mayores aportaciones que el sector de negocios podría hacerle a Puerto Rico.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 5 de julio de 2013, página 23.

Copyright (Derechos Reservados) © 2013, Carlos A. Colón De Armas

El tanquetazo, el BGF y la Autoridad de Carreteras

El tanquetazo, como comúnmente se conoce el aumento al arbitrio del petróleo de $3 a $9.25 por barril, tiene como propósito permitirle a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) pagarle al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) unas deudas de alrededor de $2,200 millones.  La forma en que proponen hacerlo es utilizar el ingreso que produzca el aumentado arbitrio para respaldar una emisión de bonos a 30 ó 40 años y, con el dinero que obtengan de esa emisión de bonos, pagar las deudas.

La Sección 7 del Artículo II (Carta de Derechos) de la Constitución de Puerto Rico establece, entre otras cosas que “… No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales …”  Dado que una emisión de bonos es un contrato, esa disposición constitucional le prohíbe a cualquier futura administración, mientras los bonos estén sin pagarse, o sea, por los próximos 30 ó 40 años, legislar para reducir el arbitrio al petróleo.  Se argumenta que esto hay que hacerlo para salvar al BGF y a la ACT.

La ACT tiene suficientes recursos para pagar sus bonos.  Para lo que no tiene dinero es para pagar sus préstamos con el BGF.  Esos préstamos, sin embargo, están respaldados por propiedades.  Por consiguiente, el BGF debe vender esas propiedades y, con el producto de esas ventas, pagar los préstamos.  Si ese dinero no fuera suficiente, el BGF, que aprobó esos préstamos a sabiendas de que no tenían una fuente de pago confiable, debe absorber las pérdidas.

La evidencia científica que se ha venido acumulando a través de los años sugiere que la existencia de bancos gubernamentales no contribuye, y hasta puede perjudicar, al desarrollo económico de los países.  Estudios serios sobre el tema (e.g., Journal of Finance, febrero de 2002) han encontrado que la intervención del gobierno en la banca se asocia con el retraso en el desarrollo del sistema financiero de un país y con un menor crecimiento económico.  En Puerto Rico específicamente, hace tiempo que el BGF dejó de ser un instrumento de desarrollo para convertirse en herramienta del despilfarro.  No es necesario salvar una institución así.  Por lo tanto, si en el proceso de absorber las pérdidas ocasionadas por los préstamos de la ACT hay que liquidar el BGF, no debería haber ningún problema.

Las agencias y los municipios que cuentan con los recursos adecuados no necesitan al BGF porque pueden obtener financiamientos de bancos y de los mercados financieros.  Las agencias sin recursos no deben tomar dinero prestado del BGF ni de ninguna otra institución.  Por consiguiente, se puede prescindir del BGF.

Si se emitieran bonos por $2,200 millones, comprometiendo el aumento al arbitrio al petróleo por 30 ó 40 años, pero se canalizara ese dinero hacia inversión, el desarrollo económico de Puerto Rico mejoraría.  Desperdiciar ese dinero pagando deudas que se deben disponer de otra manera sería un error imperdonable.

 

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 2 de julio de 2013, página 23.

Copyright (Derechos Reservados) © 2013, Carlos A. Colón De Armas