Cosas veredes en la UPR

Desde el año fiscal 2010, la Universidad de Puerto Rico (UPR) viene atravesando por una crisis fiscal.  La forma en que los directivos de nuestro principal centro docente han lidiado con esa situación ha sido mediante la reducción de gastos, sin haber realizado esfuerzos significativos dirigidos a procurar fondos adicionales para la institución.

A la misma vez que se han estado experimentando esos problemas fiscales, personas claves en la alta gerencia de la UPR han venido argumentando que la institución tiene que evolucionar siguiendo el modelo de las universidades de los Estados Unidos cuyas actividades académicas giran, principalmente, en torno a la investigación.  Según alegan, ese cambio es necesario para mejorar la calidad académica del principal centro docente del país.

Los principales administradores de la UPR no parecen darse cuenta de que esas dos posturas son contradictorias pues, contrario a lo que han proyectado, el costo de operar la UPR es mucho menor de lo que cuesta operar el tipo de universidad que dicen querer emular.

A manera de ejemplo, los salarios en esas universidades son el doble y hasta el triple del salario que reciben los profesores de la UPR.  No obstante esa mayor compensación, la carga académica de los profesores en esas universidades es de seis a nueve créditos por semestre mientras en la UPR el profesorado enseña, por lo menos, doce créditos por semestre.  A esto habría que añadirle los recursos de apoyo a la investigación y de otro tipo que están disponibles en esas universidades, pero no en la UPR.

Lamentablemente, mientras han continuado diciendo que desean un modelo de universidad que no es cónsono con sus gestiones financieras, la National Science Foundation (NSF) congeló los fondos que le enviaba a la UPR.  Aunque la investigación correspondiente por la NSF no ha concluido, es posible que se hayan utilizado algunos de esos fondos para sufragar gastos que se debieron haber atendido de otra forma y para los cuales se debieron haber procurado otras fuentes de recursos.

Para tratar de cambiar el rumbo de la institución, en días recientes se propuso alterar la composición de la Junta de Síndicos de la UPR para aumentar el número de profesores(as) en la misma.  El presidente de la UPR se opuso a esa propuesta argumentando que ser miembro de la Junta de Síndicos le representa un conflicto de intereses al personal claustral.  Presumiblemente, si hay un conflicto de intereses por ser parte del cuerpo directivo de la UPR, pues tener un puesto administrativo de alta jerarquía en la institución como, por ejemplo, de presidente o rector, también debería representar un conflicto de intereses para quien también ostente un puesto de profesor(a).  Por lo tanto, debido al hecho de que tanto el presidente de la UPR como los rectores de todos los recintos también son profesores(as), usando su propia lógica, la pregunta obligada es:  ¿cuándo entonces podemos esperar sus renuncias?

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Nota:  Este escrito fue publicado en www.vocero.com, 26 de abril de 2013.

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Para resolver el estatus solamente hay dos opciones

Para resolver el problema del estatus político de Puerto Rico, muchas personas entienden que el pueblo debe escoger entre fórmulas descolonizadoras aceptadas por el derecho internacional.  Según alegan, esas fórmulas son las indicadas en la Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, del 15 de diciembre de 1960:  (1)  Independencia,  (2)   libre asociación  y  (3)  estadidad.

Curiosamente, las mismas personas que argumentan a favor de seleccionar entre fórmulas descolonizadoras reconocidas por el derecho internacional también tienden a abogar por una solución permanente al problema del estatus de la Isla.  Al así hacerlo, no parecen darse cuenta de que la inclusión de la libre asociación hace que esas dos posturas sean contradictorias.

En su esencia, la libre asociación es un pacto voluntario entre dos naciones.  Ese pacto tendría un término de duración al cabo del cual no habría certeza sobre si el mismo continuaría y sobre qué bases.  Peor aún, debido a la naturaleza voluntaria del acuerdo, las partes podrían abandonar el mismo en cualquier momento.  Esto significa que la libre asociación, aunque reconocida por el derecho internacional, no constituye una solución permanente al problema del estatus político de Puerto Rico pues la misma solamente subsiste mientras dure el pacto.

Esa discusión sobre lo que constituyen soluciones permanentes al problema del estatus político de Puerto Rico se hace más relevante ante la iniciativa que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, incluyó en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2014.  (Appendixes to the President’s Budget for Fiscal Year 2014, Department of Justice, p. 735)  Como parte de esa propuesta presupuestaria sometida a la consideración del Congreso, el presidente Obama incluyó una partida de $2.5 millones dirigida a financiar un esfuerzo mediante el cual la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico desarrollará un proceso educativo no partidista, y celebrará un plebiscito, dirigido a que el pueblo seleccione entre opciones que “resuelvan” el problema del estatus político de la Isla.  El dinero, sin embargo, no se desembolsará hasta que el Secretario de Justicia certifique que las opciones disponibles son compatibles “con la Constitución, las leyes y las políticas de los Estados Unidos”.

Al establecer que el proceso tiene el objetivo de “resolver” el problema del estatus político de Puerto Rico, el presidente Obama descartó de toda consideración al estatus actual de Puerto Rico.  Después de todo, el problema no puede proponerse como solución.  De igual forma, se tiene que descartar también la libre asociación porque esa opción no resuelve el problema de forma permanente.

Para resolver el problema del estatus político de Puerto Rico de forma permanente solamente hay dos opciones:  la independencia o la estadidad.  Todas las demás opciones, por buenas que les puedan parecer a sus proponentes, deben ser descartadas pues las mismas no resuelven el problema, como es el caso del estatus actual, o no ofrecen una solución permanente, como sucede con la libre asociación.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 19 de abril de 2013, página 19.

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El problema principal no son los 100 sino los 1,360

Hoy (12/abril/2013) se cumplen los primeros cien días de la administración del gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla.  Al pasar balance sobre esta primera etapa del nuevo gobierno, el consenso general en el pueblo parece ser que el saldo no pinta bien para la Isla.

Las debilidades de esta administración, y los problemas que la misma representa para Puerto Rico, se podían presagiar a partir de sus primeros desaciertos temprano en enero (El Vocero, 11/enero/2013, p. 22, 18/enero/2013, p. 20, 1/febrero/2013, p. 18).  El cuadro hasta ahora se puede resumir en tres aspectos principales:

1)     Promesas incumplidas:  Durante la campaña electoral, el gobernador García Padilla prometió, entre otras cosas, una reforma legislativa que implantaría el mismo día de su toma de posesión, crear 50,000 empleos y aumentarle los beneficios a los retirados.  La reforma legislativa todavía estamos esperándola.  Con relación a los empleos, de acuerdo al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el número de personas empleadas en la Isla en enero de 2013 (1,029,000) y febrero de 2013 (1,028,000) estuvo por debajo del número de personas empleadas en el mes correspondiente durante los pasados cinco años.  Además, fueron inferiores al nivel de empleo en diciembre de 2012 (1,032,000).  La participación en el mercado laboral también ha bajado.  Finalmente, a los pensionados del gobierno les redujeron sus beneficios.

2)     Validación de iniciativas de Luis Fortuño:  Si algo ha quedado claro durante estos cien días es que la campaña electoral del gobernador García Padilla fue un engaño y careció de contenido serio.  Esto se demuestra mediante las múltiples iniciativas de Luis Fortuño que criticó durante la campaña para luego terminar validándolas.  Entre éstas podemos mencionar el fijar en 4% el impuesto a las corporaciones “foráneas” y extenderlo hasta el año 2017, aprobar la APP del aeropuerto, confirmar y extender el acuerdo con las agencias federales de ley y orden para combatir la criminalidad y mantener a Héctor Pesquera como superintendente de la Policía de Puerto Rico.

3)     Mala administración pública:  El Gobernador comenzó su mandato alegando que había heredado un déficit presupuestario de $2.2 billones, aparte del déficit actuarial en el Sistema de Retiro de alrededor de $35,000 millones.  Aun así, la mayor parte de sus iniciativas han ido dirigidas a aumentar gastos, lo cual empeora el problema.  Además, se han anunciado aumentos en las tarifas de servicios públicos.  Ni siquiera ha podido completar su gabinete.

El resultado de todo esto ha sido el crédito del gobierno estatal al borde de “chatarra” y una sociedad puertorriqueña que mira al futuro con desesperanza y donde muchos abandonan la Isla buscando un mejor futuro que ya no encuentran en su patria.

Desde luego, un cuatrienio tiene 1,460 días (365 X 4).  Por lo tanto, el problema principal de Puerto Rico no es lo que ha pasado en estos primeros cien días, sino el hecho de que todavía faltan 1,360 días más de esta administración.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 12 de abril de 2013, página 18.

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Los comentarios de AGP sobre las agencias clasificadoras

El martes 2 de abril de 2013, el gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, hizo unas expresiones peyorativas sobre las agencias clasificadoras de bonos Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s y Fitch Ratings.

En esencia, el Gobernador indicó que no le importa lo que esas agencias clasificadoras piensen de él.  Además, las retó a que, si quieren gobernar, formaran un partido político y compitan en las elecciones del año 2016.

Esos comentarios representan un comportamiento inmaduro, imprudente e irresponsable de parte del Gobernador.

Las palabras del Gobernador se asemejan al comportamiento de las personas que, durante su infancia, reniegan de sus padres, maestros y demás adultos que les quieren imponer disciplina, pero cuando crecen y maduran descubren la sabiduría de éstos.  No es que los adultos siempre tengan la razón, como las agencias acreditadoras no siempre la tienen, pero sus experiencias de vida y sus demás conocimientos constituyen un caudal de sabiduría.  El Gobernador, sin embargo, no parece haber madurado en su puesto lo suficiente como para haber descubierto esa sabiduría.

Los comentarios del Gobernador hubiesen sido imprudentes en cualquier momento, pero más que nada lo fueron ahora que el crédito del Gobierno está tan delicado.  Después de todo, a cualquier persona prudente le importa lo que piensen de ella los oficiales de crédito del banco al que le solicitan un préstamo.

Con su comportamiento, el Gobernador parece estar tratando de apelar a quienes lo eligieron y pensando en su reelección.  Su puesto, sin embargo, requiere de un comportamiento más responsable.

Puerto Rico enfrenta unos problemas económicos y financieros muy serios.  Ante esa realidad, lo menos que debemos esperar de un gobernador es que esté liderando el esfuerzo para identificar las soluciones a esos problemas y para implantar las mismas.   En cambio, el Gobernador parece estar enfocado en problemas marginales que no constituyen los asuntos esenciales que enfrenta la Isla, y jugando a la política.  Esto es justo lo opuesto de lo que debería estar haciendo el primer ejecutivo con relación a unos problemas donde a todos en Puerto Rico, literalmente, se nos va la vida.  De hecho, según se informó en la prensa, los comentarios del Gobernador se produjeron a la misma vez que miembros de su equipo económico estaban camino a New York para reunirse con esas mismas casas clasificadoras.  Como mínimo, eso constituye un comportamiento irresponsable de parte del Gobernador que hasta socava las acciones de funcionarios de su propio gobierno.

Es cierto que aparte de hacer comentarios peyorativos sobre las agencias clasificadoras el Gobernador también expresó que tiene que “trabajar” con lo que éstas piensen sobre el crédito de Puerto Rico.  Eso, sin embargo, no es suficiente para mitigar el efecto adverso de unos comentarios que nunca debieron ser pronunciados por un gobernador de Puerto Rico.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 5 de abril de 2013, página 19.

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