Alivios contributivos: ¿Para quién?

En días recientes, este periódico reseñó la participación del gobernador electo, Alejandro García Padilla, en la vigésima tercera reunión anual de la industria farmacéutica en Puerto Rico.  En esa actividad, el Gobernador Electo se pronunció a favor de proveerle incentivos a las empresas farmacéuticas (“Incentivos para mantener farmacéuticas”, El Vocero, 16/noviembre/2012).  Entre esos incentivos mencionó el “crédito energético”, “créditos especiales si la empresa contrata empleados despedidos por la Ley 7” y permitir que continúe la reducción en el impuesto a las empresas de afuera que comenzó en 4%, pero se estructuró para reducirse paulatinamente al punto que en enero estará en 2.75%.  Todo esto se traduce en alivios contributivos que recibirán las empresas farmacéuticas.

Días después, miembros del Comité de Transición de la administración entrante trajeron a colación las condiciones que establece la más reciente reforma contributiva para que entren en vigor alivios contributivos adicionales.  Esa reforma contributiva, implantada mediante la Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011, otorgó varios alivios contributivos que comenzaron con la planilla radicada en abril de 2012 y que todos los contribuyentes ya disfrutamos.  Esa misma ley, sin embargo, estableció unos alivios contributivos adicionales que entrarán en vigor en enero de 2014, 2015 y 2016, pero sólo si se cumple con unas “pruebas de responsabilidad fiscal” que establece la misma Ley.

Esas “pruebas de responsabilidad fiscal” contienen tres elementos que deben cumplirse para el año aplicable o, de lo contrario, los alivios contributivos no entrarán en vigor, y se pospondrán, hasta que las mismas se cumplan:

1. Prueba de ingresos:  Requiere que la proyección de ingresos netos al Fondo General sea igual o mayor a $9,250 millones para el año fiscal que comienza el 1ro de julio de 2013;  $9,350 millones para el año fiscal que comienza el 1ro de julio de 2014;  y  $9,450 millones para el año fiscal que comienza el 1ro de julio de 2015.
2. Prueba de gastos:  Exige que la proyección de gastos del Fondo General sea igual o menor al 99% de la proyección de ingresos netos al Fondo General para el año fiscal que comienza el 1ro de julio de 2013;  98.5% de la proyección de ingresos netos al Fondo General para el año fiscal que comienza el 1ro de julio de 2014 y para el año fiscal que comienza el 1ro de julio de 2015.
3. Prueba de crecimiento económico:  Establece que el crecimiento del producto bruto real de Puerto Rico deberá ser igual o mayor a 1.5% para el año fiscal que comienza el 1ro de julio de 2013;  2.0% para el año fiscal que comienza el 1ro de julio de 2014;  y  2.75% para el año fiscal que comienza el 1ro de julio de 2015.

 La administración entrante debe cumplir con esas pruebas a partir de su primer presupuesto que deben aprobar en los próximos meses, para comenzar el 1ro de julio de 2013.  Para esto, se requiere aumentar los recaudos por alrededor de $500 millones, mantener el control de los gastos públicos y manejar bien la economía.

A base de sus pronunciamientos durante la campaña, uno pensaría que la administración entrante no debería tener problemas de cumplir con esas pruebas.  De no poder hacerlo, sin embargo, siempre pueden aumentar el impuesto a las empresas de afuera.  Por otro lado, el Partido Popular Democrático no solamente ganó la gobernación, sino que también obtuvo el control de la Asamblea Legislativa.  Por lo tanto, si no pueden cumplir con las condiciones requeridas para que el pueblo disfrute los alivios contributivos adicionales, tienen el poder para alterarlas.  De cualquier forma, no parece haber excusas válidas para que esos nuevos alivios contributivos no entren en vigor según se estableció en la Ley.

Para sorpresa de todos, sin embargo, los miembros del Comité de Transición de la administración entrante que se han expresado al respecto han manifestado sus dudas con relación a la capacidad de la actual administración de cumplir con las “pruebas de responsabilidad fiscal”.  Parecería como si estuvieran allanando el camino para no implantar las etapas restantes de la reforma contributiva.  Hasta ahora, sin embargo, el Gobernador Electo no se ha pronunciado sobre este asunto.

A base de las expresiones del Gobernador Electo en el cónclave de la industria farmacéutica, es evidente que durante su incumbencia se les ofrecerán alivios contributivos a las empresas de esa industria.  Es importante que el Gobernador Electo se exprese con igual claridad sobre su intención de cumplir con las futuras fases de la reforma contributiva.  ¿Habrá también alivios contributivos para las empresas puertorriqueñas y para el resto de los contribuyentes o regresaremos a la época donde las reducciones en las cargas impositivas solamente estaban disponibles para las empresas multinacionales de afuera?  Ésa es la pregunta.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 23 de noviembre de 2012, página 26.

Copyright (Derechos Reservados) © 2012, Carlos A. Colón De Armas

Los resultados de las elecciones y el plebiscito

De acuerdo a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), una vez contabilizadas el 100% de las unidades electorales, en las elecciones generales del pasado 6 de noviembre, Alejandro García Padilla obtuvo 889,444 votos (47.78%) y Luis Fortuño recibió 876,473 sufragios (47.09%), para una ventaja de 12,971 votos.  En cambio, en las elecciones generales del año 2008, Luis Fortuño obtuvo 1,025,965 votos, mientras el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, recibió 801,071 votos, para una diferencia de 224,894 sufragios.

En las elecciones del pasado 6 de noviembre, votaron 1,864,186 personas de un total de 2,402,941 electores inscritos, lo cual representa una participación electoral de 77.58%.  En comparación con las elecciones generales del año 2008, esos números implican una reducción de 78,787 votantes y una menor tasa de participación, que en el año 2008 fue de 79.05%.  Ante esa reducción de electores, se ha tratado de argumentar que la derrota de Luis Fortuño se debió a que alrededor de 100,000 votantes del PNP no acudieron a las urnas.  Los datos disponibles, sin embargo, sugieren que ese argumento es incorrecto.

La CEE no elimina de sus listas a las personas que fallecen o que emigran.  Por lo tanto, cualquier análisis basado en la lista de electores inscritos no es confiable.  En su lugar, sería más correcto calcular la tasa de participación a base de la población en la Isla elegible para votar (o sea, de 18 años o más), la cual se ha reducido por alrededor de 140,000 personas desde el año 2008 hasta julio de 2011, que es el año más reciente para el cual están disponibles los datos.  Cuando esto hacemos, utilizando los datos del Negociado del Censo de los Estados Unidos, observamos que la participación de electores, como por ciento de la población de 18 años o más, aumentó de 65.4% en el año 2008 a alrededor de 65.9% en las elecciones del 6 de noviembre.

Ante esa evidencia, no parece razonable concluir que la derrota de Luis Fortuño se debió a que electores del PNP se quedaron en su casa sin votar, pues en las elecciones del 6 de noviembre, luego de considerar la reducción en población, votaron proporcionalmente más personas.  En su lugar, la evidencia sugiere que su derrota se debió al número de votantes que lo apoyó en el año 2008, pero que el 6 de noviembre le dieron su voto a Alejandro García Padilla.

Con relación al plebiscito, en la primera pregunta, el “NO” recibió 958,915 votos (54%) y el “SÍ” obtuvo 816,978 votos (46%).  Aún si se contaran las papeletas en blanco como si fueran votos emitidos, el “NO” aparecería favorecido por más del 52% de los electores.  Con ese resultado, el pueblo rechazó la situación colonial actual de Puerto Rico y cualquier opción del mal llamado “ELA mejorado” dentro de la cláusula territorial.

En la segunda pregunta, la estadidad recibió 824,195 votos (61.11%), el ELA Soberano obtuvo 449,679 votos (33.34%) y la independencia fue favorecida por 74,812 votos (5.55%).  Además, 480,918 electores no votaron en esa segunda pregunta y la dejaron en blanco.

Algunas personas han argumentado que esas papeletas en blanco se deben contar como votos en contra de la estadidad.  Al así hacerlo, representan que la estadidad sólo recibió alrededor del 45% del apoyo del electorado.  Cuando lo examinamos con más cuidado, sin embargo, tenemos que concluir que ese argumento tampoco es correcto.

Con relación a esas personas que no votaron en la segunda pregunta, lo más lógico sería suponer que actuaron de acuerdo a las directrices del PPD.  Por lo tanto, esos votos deben de ser considerados votos de personas pro-americanas.  Al desaparecer la colonia como opción, como consecuencia del triunfo del “NO” en la primera pregunta, lo más probable es que esos votos se hubiesen trasladado a la estadidad.

Desde luego, habrá quien objete ese supuesto alegando que todavía podría haber quien hubiera votado a favor de la independencia y de la libre asociación entre esas personas.  Aunque eso es posible, no es menos cierto que entre esas personas debería haber mayor proporción de votos hacia la unión permanente que hacia la separación de Estados Unidos.  Por lo tanto, desde la perspectiva de la estadidad, lo peor que podría pasar sería que ese grupo de votos en blanco se distribuyan entre las alternativas restantes en la misma proporción que lo hizo el resto de la población.  En ese caso, sería razonable pensar que la estadidad mantendría el apoyo de más del 61% del pueblo.

Si el gobernador electo decide hacer caso omiso de ese mandato claro y mayoritario del pueblo a favor de la estadidad, sería necesario concluir que su promesa de tener un gobierno para la “gente” se cumplirá siempre y cuando esa “gente” no sea estadista.

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Nota:  Este escrito es una versión actualizada de una columna que fue publicada en el periódico El Vocero, 16 de noviembre de 2012, página 26.

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¿Y ahora qué?

El pasado martes, el pueblo de Puerto Rico tomó dos decisiones trascendentales.  En primer lugar, con relación al estatus político de la Isla, los puertorriqueños rechazaron la condición colonial actual y favorecieron la estadidad para Puerto Rico.  En segundo lugar, escogieron a los líderes que llevarán las riendas del gobierno por los próximos cuatro años.

Desde el 19 de noviembre de 1493, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras costas, hasta la firma del Tratado de París de 1898, Puerto Rico fue colonia de España.  A partir de ese momento, la Isla pasó a ser colonia de los Estados Unidos.  Durante esos 519 años, el pueblo de Puerto Rico ha sufrido, pero nunca ha consentido a esa condición colonial.

El 6 de noviembre de 2012 irá a la historia como el día en que, por primera vez, a los puertorriqueños se nos preguntó si estamos de acuerdo con ser colonia.  Al ser confrontados con esa pregunta, los boricuas respondimos como cualquier sociedad digna lo haría y rechazamos, contundentemente, la condición colonial.  Como alternativa, el pueblo de Puerto Rico expresó, también por primera vez y por un margen que puede considerarse como una “súper mayoría”, su deseo de convertirse en un estado de los Estados Unidos.

Esos resultados constituyen un claro mandato al Gobierno de Puerto Rico para que acuda al Congreso de los Estados Unidos a negociar las condiciones bajo las cuales la Isla pudiera ser admitida como un estado de la unión.  Una vez negociadas esas condiciones, se llevaría a cabo otra votación en la que el pueblo decidiría si, en efecto, acepta esas condiciones y confirma su deseo de ser admitido a la federación de estados americanos.  Ése es el proceso que el pueblo de Puerto Rico les ha ordenado a sus líderes que sigan.

Con relación al Gobierno de Puerto Rico, hay dos aspectos que debemos considerar por separado.  Por un lado, hay que analizar el perfil de los funcionarios electos y su compromiso con acatar los resultados del plebiscito.  Por otro lado, hay que evaluar los retos de administración pública que enfrentan.

Los puertorriqueños eligieron un gobernador, Alejandro García Padilla, y una mayoría legislativa quienes, hasta ahora, nunca han favorecido la estadidad para Puerto Rico.  A la misma vez, los electores re‑eligieron como Comisionado Residente, y volvieron a enviar al Congreso de los Estados Unidos, donde se negocian las condiciones de la admisión de Puerto Rico como estado de la unión,  a Pedro Pierluisi, quien sí favorece la estadidad para Puerto Rico.  Resta por verse cuáles serán las implicaciones de tener un representante en Washington, D.C. cuya ideología es cónsona con el mandato plebiscitario del pueblo, pero contraria a la visión de la administración del gobierno estatal.

En términos de política pública, la nueva administración tiene unos importantes retos por delante entre los cuales deben atenderse, como prioritarios, los siguientes diez asuntos:  (1)  Mejorar la calidad en la educación en Puerto Rico;  (2)  devolverle la salud fiscal a la Universidad de Puerto Rico;  (3)  procurar un mayor desarrollo económico para Puerto Rico que promueva la creación de empleos;  (4)  continuar con la disciplina fiscal en el Fondo General para evitar que el Gobierno de Puerto Rico vuelva a caer en una crisis fiscal;  (5)  devolverle la salud fiscal a las corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico de manera que se pueda volver a generar, de forma efectiva, la inversión pública;  (6)  resolver el problema de déficit actuarial que padece el sistema de retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico;  (7)  aumentar los recaudos que recibe el Gobierno de Puerto Rico de las corporaciones multinacionales que operan en la Isla para permitir mayores reducciones en la carga contributiva de las empresas puertorriqueñas;  (8)  reducir los costos de energía en Puerto Rico;  (9)  reducir la criminalidad;  (10)  salvaguardar y fortalecer el sistema de salud de Puerto Rico.

Muchos de esos asuntos no fueron atendidos adecuadamente por la administración de Luis Fortuño.  Quizás por eso, esa administración no resultó favorecida por los electores.  En ese sentido, pudiera ser que atender adecuadamente esas diez prioridades constituya la clave del éxito de la nueva administración.  De igual forma, el éxito de esas gestiones pudiera ser determinante en cualquier esfuerzo de relección una vez concluido su primer cuatrienio.

Desde luego, en la política, aparte de los asuntos sustantivos, también hay que considerar los estilos de gobierno.  Es indudable que esos estilos también son claves para entender las razones por las cuales el pueblo se expresó ideológicamente de una forma y, a la misma vez, rechazó a una administración con idéntica visión filosófica.  Ese aspecto no debe pasar desapercibido.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 9 de noviembre de 2012, página 26.

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El cuco de los impuestos

El “cuco” es un personaje ficticio con el que se mete miedo.  Con ese fantasma, muchos padres puertorriqueños tratan de cambiar el comportamiento de sus hijos usando frases tales como “si no te portas bien te va a llevar el cuco”, “si no te comes toda tu comida te va a comer el cuco” y “si no te duermes te va a venir a buscar el cuco”.

Con relación al estatus político, el “cuco”, o sea, el instrumento con el cual se le mete miedo a los puertorriqueños, son los impuestos que se pagarían si la Isla se convirtiera en un estado de los Estados Unidos.  Cuando lo analizamos adecuadamente, sin embargo, nos damos cuenta de que el argumento de que los puertorriqueños pagaríamos más contribuciones sobre ingresos bajo la estadidad es tan ficticio como lo es el “cuco” de la mitología infantil.

Para analizar las contribuciones sobre ingresos bajo la estadidad debemos comenzar por señalar que los estados de Estados Unidos tienen unas tasas contributivas a nivel estatal significativamente menores que las tasas que imperan en Puerto Rico.  De hecho, siete estados (Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington y Wyoming) ni siquiera tienen contribución sobre ingresos.  De los estados que sí tienen contribución sobre ingresos a nivel estatal, la tasa contributiva más alta es de 11% y la tiene el estado de Hawaii.  En cambio, en Puerto Rico, la tasa máxima de contribución sobre ingresos puede llegar hasta 33%, o sea, tres veces más alta que la tasa contributiva más alta a nivel estatal en los Estados Unidos.

Los estados pueden tener unas tasas contributivas significativamente más bajas que las tasas que imperan en Puerto Rico debido a que muchos de los servicios que reciben los ciudadanos en los estados se sufragan a nivel federal.  En Puerto Rico, sin embargo, como no somos un estado, muchos de esos mismos servicios los tiene que pagar el contribuyente boricua.  Por lo tanto, los fondos adicionales que recibiría Puerto Rico bajo la estadidad nos permitirían reducir dramáticamente las tasas de contribución sobre ingresos.  Como resultado, de ser admitidos como un estado, éstas serían mucho menores a las tasas contributivas que tenemos hoy.

Desde luego, bajo la estadidad, también habría que considerar la contribución sobre ingresos a nivel federal.  Esa contribución, sin embargo, se impone de acuerdo al nivel de ingresos de cada persona.  Por lo tanto, debido a que el nivel de ingresos en Puerto Rico es alrededor de una tercera parte del nivel de ingreso de los ciudadanos en los estados, no se puede generalizar.  Por el contrario, hay que considerar cada situación en particular.  Veamos, por ejemplo, el caso de varias familias, cada una con dos hijos.

Si Puerto Rico fuera un estado, un matrimonio con dos hijos que rinde planilla conjunta podría ganarse hasta un máximo de $45,750 sin tener que pagarle contribuciones sobre ingresos al gobierno federal.  De acuerdo al Departamento de Hacienda, en el año más reciente para el cual están disponibles los datos (2010) el 76% de los matrimonios que radicaron planillas juntos tienen un nivel de ingresos menor.  Una madre con dos hijas que rinde su planilla como jefa de familia podría ganarse hasta un máximo de $39,275 sin necesidad de pagar contribuciones sobre ingresos federales.  El 86% de las planillas radicadas en el Departamento de Hacienda bajo la jefatura de familia reflejan un ingreso menor a ése.  Si esa misma madre rinde su planilla como soltera, el ingreso máximo que podría devengar sin tener que pagarle contribuciones sobre ingresos al tesoro federal sería de $37,675, y el 88% de las planillas radicadas en el Departamento de Hacienda por personas solteras reportan ingresos por debajo de esa cantidad.

Lo anterior sugiere que si Puerto Rico fuera un estado, más del 80% de las familias puertorriqueñas no tendrían que pagarle contribuciones sobre ingresos al gobierno federal.  Si a ese dato le añadimos la reducción que podría haber en las tasas de contribución sobre ingresos de Puerto Rico, la realidad es que, bajo la estadidad, es altamente probable que la inmensa mayoría de los puertorriqueños termine pagando menos contribuciones sobre ingresos que las que pagamos bajo el estatus político actual de la Isla.

El “cuco” de los impuestos no es nuevo.  En los plebiscitos anteriores, nos metían miedo diciendo que si venía la estadidad se nos impondría un “sales tax”.  Irónicamente, los mismos que usaban esa mentira terminaron imponiendo el IVU bajo el estatus político actual.

Los argumentos falsos sobre los impuestos no deben ser impedimento para votar “no” en la primera pregunta del plebiscito y escoger la estadidad.  Votando así, favorecemos un estatus digno y le reducimos la carga contributiva a la inmensa mayoría de los puertorriqueños.

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 Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 2 de noviembre de 2012, página 26.

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