En Estados Unidos, en términos generales, la educación universitaria se paga con matrículas altas financiadas, total o parcialmente, con préstamos. Antes de que la Junta de Supervisión Fiscal continúe forzando a que la Universidad de Puerto Rico (UPR) ─con la anuencia de su alta gerencia─ adopte ese modelo, deberíamos primero detenernos a examinar cuál ha sido la experiencia de los estados con tal paradigma.
De acuerdo con datos recopilados en la página web Student Loan Hero, en Estados Unidos, se ha estimado que el total de deudas obtenidas a través de préstamos estudiantiles actualmente asciende a $1,560,000 millones ($1.56 trillions), repartidas entre 44.7 millones de personas. Esto representa $521,000 millones ($521 billions) más que el total de deudas obtenidas mediante tarjetas de crédito. En promedio, el pago mensual requerido para amortizar esos préstamos estudiantiles asciende a $393.00. El 11.5% de esos préstamos, sin embargo, se encuentra en atrasos o simplemente están en incumplimiento.
Si consideramos solamente los graduandos en el año 2018, el total de dinero adeudado a través de préstamos estudiantiles, en promedio, asciende a $29,800 por estudiante. A ese balance hay que añadirle los préstamos adicionales que obtuvieron los padres de estos alumnos que, en promedio, ascendieron a $35,600. Además, recibir ayuda económica, en lugar de evitarlo, parece ser parte de un paquete económico que induce al endeudamiento pues, por ejemplo, entre los graduandos en el año 2012, el 88% de quienes recibieron la beca Pell, también obtuvieron préstamos
Tan alta ha resultado ser la carga financiera producto de estos préstamos que un estudio realizado por el Banco de la Reserva Federal de New York argumentó que la misma tiene un efecto adverso en la capacidad de los estudiantes, luego de graduarse y comenzar su vida profesional, de crear una familia y comprar una casa.
Dicho de otra forma, el modelo económico de la educación universitaria en Estados Unidos, basado en matrículas altas financiadas con préstamos estudiantiles, está colapsando. Esto ha llevado a los gobiernos de muchos estados, e incluso a universidades privadas, a desarrollar otros modelos para sufragar el costo de una educación universitaria.
En otro estudio más reciente, realizado también por el Banco de la Reserva Federal de New York, se señala que 11 estados han desarrollado programas dirigidos a proveerles educación universitaria gratuita a sus residentes. A estos podría ser necesario añadirles el estado de New Mexico, que recientemente anunció que tiene bajo consideración un programa en esa dirección. Además, 27 otros estados han desarrollado programas de asistencia económica que aunque no resultan en una matrícula gratis, por lo menos la reducen significativamente.
Para muchas personas, en los estados de Estados Unidos las cosas se hacen mejor que como las llevamos a cabo en Puerto Rico. Por lo menos en lo que respecta al financiamiento de la educación universitaria, sin embargo, parece que ese no es el caso. Por el contrario, los estados de Estados Unidos se están moviendo hacia estructuras financieras que cada día se parecen más al modelo que históricamente ha imperado en Puerto Rico.
Desde luego, el Gobierno de Puerto Rico está atravesando por una severa estrechez fiscal. Esto le hace imposible aportar a la educación universitaria la misma cantidad de fondos que aportaba antes de la crisis. No obstante, la solución no puede ser llevar a la Isla hacia un modelo que en los estados está colapsando y el cual estos están dejando atrás.
En lugar de la agenda errada de aumentar matrículas que están siguiendo la Junta de Supervisión Fiscal y la alta gerencia de la UPR, hace mucho más sentido desarrollar una estrategia coordinada de forma tal que la reducción en las aportaciones del gobierno a la educación universitaria ocurra paulatinamente mientras, a la misma vez, se va levantando un verdadero fondo dotal (endowment fund). De esa forma, una vez acumulada la cantidad apropiada, los réditos que produzca ese fondo dotal pueden sustituir parte de la aportación fiscal que hacía el gobierno. Si esto hacemos, se ayuda a resolver la precaria situación del gobierno mientras se crea un fondo que garantice, de forma permanente, el financiamiento de la educación universitaria en la Isla.
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Nota: Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero,
21 de noviembre de 2019, página 36.
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