El proyecto de Pierluisi

Cuando el Congreso decide concederle la estadidad a un territorio, oficializa ese proceso mediante un Acta de Admisión.  En la misma, se establecen las condiciones bajo las cuales ese territorio se convertiría en estado.  Una vez aprobada el Acta por el Congreso, se les pide a los ciudadanos del territorio que confirmen su deseo de ser admitidos como estado bajo las condiciones estipuladas.  La historia ha demostrado que el tibio apoyo que pudiera haber recibido la estadidad en votaciones anteriores, una vez aprobada el Acta de Admisión, se transforma en un sólido respaldo a la misma.  Tan es así que en todos los casos en los que a los ciudadanos de territorios se les ha ofrecido un Acta de Admisión con condiciones favorables siempre la han aprobado.

Todo esto sugiere que, a base del triunfo de la estadidad en el plebiscito celebrado el 6 de noviembre de 2012, se debió haber sometido un proyecto dirigido a aprobar un Acta de Admisión para la Isla.  El Acta contendría, entre otras, algunas de las condiciones que ya estipula el proyecto (H.R. 2000) radicado por el comisionado residente, Hon. Pedro Pierluisi, como, por ejemplo, un período de transición previo al pago completo de impuestos federales, la ciudadanía americana protegida por la Constitución y el preservar la jurisdicción local sobre los asuntos que la Constitución no le delega al Gobierno Federal.  Estos últimos incluyen el idioma, la cultura, los deportes y demás asuntos sobre los cuales se eliminaría la incertidumbre que le da base a los opositores de la estadidad a mentir sobre la misma.

Lamentablemente, el comisionado residente Pierluisi, en lugar de solicitar un Acta de Admisión para Puerto Rico, solicitó la celebración de otro plebiscito para ratificar el deseo de la mayoría de los puertorriqueños de solicitar la estadidad.  Solamente si el pueblo ratifica ese deseo, entonces se ordena al presidente de los Estados Unidos a someter un Acta de Admisión para la Isla.

Esa acción del comisionado residente Pierluisi es un error por dos razones principales:  (1)  porque indirectamente invalida los resultados de la segunda pregunta del pasado plebiscito;  y  (2)  porque pone a competir la estadidad por sí sola manteniendo inalteradas las bases sobre las cuales se escudan sus detractores para mentir.

Ante esa realidad, es importante que el proyecto se enmiende para que el mismo vaya directo a solicitar un Acta de Admisión.  Aún si eso no ocurriera y el proyecto se aprobara tal como fue radicado, sin embargo, el pueblo debe de estar listo para votar a favor de la estadidad.  Tenemos que estar conscientes de que, con el triunfo del “NO” en el plebiscito del 6 de noviembre de 2012, el pueblo descartó la condición colonial, incluyendo cualquier opción del mal llamado “ELA mejorado” dentro de la cláusula territorial.  Por lo tanto, si se rechaza la estadidad, la única alternativa que nos quedaría sería la independencia.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 24 de mayo de 2013, página 22.

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Hay otra forma de cuadrar el presupuesto

Para evitar los aumentos en impuestos propuestos por el gobernador García Padilla, hay que cuadrar el presupuesto de otra manera.  Una forma de hacerlo es reduciendo o eliminando actividades gubernamentales que ya no se justifican.  Veamos algunas posibilidades.

Departamento de Educación:  De acuerdo a los documentos que acompañan el presupuesto, para el año 2014, se proyecta una reducción de más de 20,000 estudiantes (414,283 – 434,609) en el sistema de educación pública.  Esto equivale a una reducción de alrededor de 5%.  Esa disminución sugiere que el presupuesto del Departamento de Educación con cargo al Fondo General debe reducirse por $108 millones ($2,165,755,000 X 5%) en comparación con el presupuesto vigente, en lugar de aumentarse por $238 millones como propone el gobernador García Padilla.  Si esto se hace, existe un potencial de ahorro de $346 millones ($238 + $108).

Aportaciones a los municipios:  El hecho de que existan 78 municipios en Puerto Rico no sería un problema si los ciudadanos de cada municipio cubrieran sus costos operacionales.  El problema surge porque los costos de operar muchos municipios están subsidiados por ciudadanos de otros municipios.  Esto se hace a través del Fondo General.  Si ese subsidio se descontinuara, habría un ahorro de alrededor de $397 millones en el presupuesto.

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública:  Con la diversidad de estaciones de radio y televisión que existen hoy en día en Puerto Rico, muchas de ellas con enfoque educativo, se puede descontinuar el uso de fondos públicos para esos propósitos.  De esa forma, se podrían ahorrar alrededor de $13 millones que es el presupuesto que propuso el gobernador García Padilla para la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.

Compañía de Parques Nacionales:  Si estos parques se transformaran para vivir de sus propios ingresos y de donativos, podría haber un ahorro de hasta $21 millones, que es el presupuesto que propuso el gobernador García Padilla para la Compañía de Parque Nacionales.

Aportaciones a los partidos políticos:  No hay justificación alguna para dedicar fondos públicos para sostener partidos políticos.  Terminar esa práctica podría representar un ahorro de $1.2 millones en el presupuesto.  Ese ahorro sería aún mayor en años de elecciones, cuando las aportaciones a los partidos políticos aumentan.

 

Los ahorros descritos anteriormente suman $778.2 millones.  Con esos ahorros se cuadra el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico sin la necesidad de aumentar ni un solo dólar de impuestos.  Si se examinaran el resto de las operaciones gubernamentales con igual ojo crítico, podría haber ahorros adicionales.

Desde luego, habrá quienes se opondrán a estas propuestas.  A esas personas hay que aclararles que, en estos tiempos difíciles, no hay decisiones que no le vayan a doler a alguien.  En ese sentido, es mejor reducir gastos que le duelan al gobierno antes de aumentar impuestos que le duelan a “la gente”.

 

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 17 de mayo de 2013, página 18.

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Detalles e inconsistencias en el presupuesto

Luego del mensaje del gobernador García Padilla ante la Asamblea Legislativa, en el que presentó los números generales de su propuesta de Presupuesto General de Gastos para el año fiscal 2013‑2014, se dieron a la publicidad los documentos oficiales que la sustentan.  Esos documentos ofrecen, entre otras cosas, la información detallada que no incluyó el Gobernador en su alocución.  Algunos de esos detalles evidencian ciertas inconsistencias entre lo que se ha dicho sobre el presupuesto y su verdadero contenido.  Veamos algunos ejemplos.

 

Déficit presupuestario:  Desde antes de asumir el puesto, el gobernador García Padilla ha venido alegando que la administración de Luis Fortuño le dejó un déficit presupuestario que excede los $2,200 millones.  En los documentos que acompañan el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal, sin embargo, se indica que para el año fiscal corriente se proyectan recaudos de $8,305 millones y gastos por $9,222 millones.  Esos números que ahora presenta la administración del gobernador García Padilla reflejan un déficit de solamente $917 millones.  (Ver Síntesis General del Presupuesto Consolidado, pp. 2.65 y 2.69.)

Deuda pública:  Para justificar el aumento de $750 millones en los gastos de gobierno que propuso para el próximo año fiscal, el gobernador García Padilla indicó en su mensaje a la Asamblea Legislativa que el mismo obedece, en parte, a una asignación adicional de $250 millones para el pago de deudas.  De acuerdo a los datos ofrecidos en los documentos oficiales del presupuesto propuesto, sin embargo, la cantidad asignada para el pago de la deuda pública para el próximo año fiscal solamente excede la cantidad asignada en el año vigente por $131 millones y el pago de deuda de años anteriores se reduce por $14 millones.  (Ver Presupuesto Consolidado del Fondo General por concepto de gasto y origen de recursos, años fiscales 2011 al 2014.)

Empleados públicos:  De acuerdo con los documentos oficiales presentados, en septiembre de 2012 había 175,334 empleados públicos.  La proyección de la actual administración es que el número de empleados en el gobierno se reduzca a 169,813 personas para el año 2014.  En otras palabras, y contrario a lo que se ha dicho públicamente, la actual administración está continuando la política de reducir la nómina pública.  (Ver Síntesis General del Presupuesto Consolidado, p. 2.72.)

Universidad de Puerto Rico:  El gobernador García Padilla también anunció en su mensaje un aumento de $75 millones en los fondos asignados para la UPR.  Los documentos oficiales del presupuesto propuesto, sin embargo, demuestran que los fondos asignados a nuestro principal centro docente aumentan solamente por $62 millones.  Esa cifra no solamente es menor, sino que dista mucho de los $150 millones que necesita la UPR para poder comenzar a restaurar sus finanzas.

Es importante que estas inconsistencias, y otras que también surgen de los documentos oficiales, se aclaren.  Quizás de esa forma podemos corregir el presupuesto y evitar que se apruebe tal como lo ha propuesto el gobernador García Padilla.  De lo contrario, la economía de Puerto Rico se verá adversamente afectada.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 10 de mayo de 2013, página 34.

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El presupuesto para el año fiscal 2013-2014

El  25 de abril de 2013, el gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, presentó ante la Asamblea Legislativa su propuesta de Presupuesto General de Gastos para el año fiscal 2013‑2014.

El Gobernador propuso desembolsos que ascienden a $9,835 millones, lo cual representa un aumento de gastos de alrededor de $750 millones en comparación con el presupuesto aprobado para el año fiscal vigente ($9,082 millones).

Para cubrir esos gastos, el presupuesto propuesto incluye un estimado de ingresos de $9,635 millones y un préstamo de $200 millones.  Para generar esos ingresos, el Gobernador está proponiendo aumentos de contribuciones que exceden los $1,400 millones (El Vocero, 1/mayo/2013, p. 4).

Uno de los aumentos más significativos vendrá como consecuencia de eliminar ciertas exenciones al Impuesto de Ventas y Uso (IVU).  Como resultado, para el año fiscal 2013‑2014, se espera que los recaudos del IVU en el Fondo General aumenten por $1,055 millones.  Cuando comparamos ese aumento con los recaudos anuales de aproximadamente $1,100 millones que actualmente produce el IVU, la propuesta del gobernador García Padilla prácticamente duplica el IVU, o sea, lo incrementa por alrededor de 100%.  Si traducimos a la tasa del IVU el aumento porcentual en los recaudos proyectados, esto equivale a incrementar la tasa del IVU de 7% a casi 14%.

Es importante recordar que el Presupuesto General de Gastos de $9,835 millones que propone el Gobernador, y sobre el cual pasa juicio, y aprueba, la Asamblea Legislativa, solamente incluye los gastos de operación del gobierno estatal y solo representa el 34% del Presupuesto Consolidado del Gobierno de Puerto Rico que, según anunció el Gobernador, ascenderá a $29,031 millones en el próximo año fiscal.  Las inversiones públicas, en su gran mayoría, no están en ese presupuesto, sino que están en el resto del presupuesto consolidado como parte de los presupuestos de cada corporación pública que aprueban sus respectivas juntas de directores.

En términos económicos, debido a que éste solamente incluye los gastos operacionales del gobierno estatal, el Presupuesto General de Gastos no es tan importante.  Desde esa perspectiva económica, las inversiones en mejoras públicas, que no están contenidas en ese presupuesto, son mucho más importantes.  Para poder llevar a cabo esas inversiones las corporaciones públicas necesitan mejorar sus finanzas, para lo cual necesitan aumentar recaudos.

Aumentar impuestos siempre es adverso al desarrollo económico.  Ese efecto negativo es todavía más agudo en tiempos de recesión, como se viven en la Isla.  En momentos como éstos, la ciudadanía y los negocios tienen una capacidad limitada para pagar impuestos adicionales.  El Gobernador ha propuesto usar esa capacidad limitada para aumentar los gastos del gobierno.  Si esa propuesta se aprueba, habrá menos recursos para dedicar a la inversión.  En términos económicos, eso es un error.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 3 de mayo de 2013, página 20.

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