La brecha entre el PIB y el PNB de Puerto Rico y los fondos federales recibidos en la Isla

De acuerdo a la Junta de Planificación de Puerto Rico, en el año fiscal más reciente para el cual están disponibles los datos (2011), en la Isla se recibieron más de $22,290 millones de fondos provenientes del Gobierno de los Estados Unidos (“fondos federales”).  Si a esa cifra le restamos aproximadamente $3,300 millones, que fueron los pagos que le hicimos los puertorriqueños al Gobierno de los Estados Unidos durante ese mismo año, la cantidad neta de fondos federales recibidos en Puerto Rico durante el año fiscal 2011 ascendió a alrededor de $19,000 millones.

Durante el mismo año fiscal 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico ascendió a $98,757.0 millones, mientras que el Producto Nacional Bruto (PNB) totalizó $64,106.2 millones.  La brecha entre el PIB y el PNB se debe, principalmente, a la cantidad de $35,805.7 millones que representa las ganancias de personas y empresas (primordialmente compañías multinacionales americanas) que operan en Puerto Rico pero que su “residencia” o su principal base de operaciones no es en la Isla.

Debido a que esas ganancias ($35,805.7 millones) de compañías americanas son mayores que la cantidad neta de fondos federales recibidos en la Isla ($19,000 millones), muchas personas argumentan que el estatus político actual de Puerto Rico le representa un “negocio redondo” a los Estados Unidos.  Según alegan, esto es así porque los Estados Unidos reciben más beneficios de la Isla, a través de las ganancias de las compañías multinacionales americanas, que los fondos federales que nos envían.

De acuerdo a esa visión, las ganancias de las compañías americanas se generan en Puerto Rico y luego se “sacan” de la Isla y se “envían al exterior”.  Así lo expresa, por ejemplo, Edwin Irizarry Mora en su libro Economía de Puerto Rico (McGraw‑Hill, 2011, p. 223) al discutir el significado de la brecha entre el PIB y el PNB:  “… una porción considerable de los ingresos que genera la producción interna de Puerto Rico, tanto en términos absolutos como relativos, se fuga del país”.  Nada más lejos de la verdad.

Para aclarar el asunto, debemos comenzar por entender la diferencia entre el PIB y el PNB, que discutimos en una columna anterior (El Vocero, 16/diciembre/2011, p. 23).  El PIB representa el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras de un país durante un período de tiempo determinado, independientemente del lugar de origen de quien genera esa producción.  El PNB, por su parte, representa el valor de todos los bienes y servicios producidos por los residentes de un país durante un período de tiempo determinado, independientemente de dónde ocurrió la producción.  En el caso de Puerto Rico, la diferencia entre ambos se debe, fundamentalmente, a las ganancias de empresas americanas cuya principal base de operaciones no es Puerto Rico.

Si esas ganancias se hubieran generado como consecuencia de ventas realizadas en la Isla, entonces podría ser correcto indicar que las mismas se “sacan” de la Isla.  De ser así, cuando esas ganancias exceden los fondos federales recibidos en la Isla, podría argumentarse que el estatus político actual de Puerto Rico representa un negocio redondo para Estados Unidos, pues parecería que le estuvieran “sacando” más a Puerto Rico de lo que nos envían.  El problema es que esas ganancias no surgen como resultado de ventas llevadas a cabo en la Isla.

Las ganancias generadas por empresas multinacionales americanas que operan en la Isla obedecen, principalmente, a ventas realizadas por esas mismas compañías a través de todo el mundo, pero que se registraron en Puerto Rico para obtener los beneficios contributivos que ofrece la Isla.  En otras palabras, esas ganancias no se generaron como consecuencia de ventas realizadas en Puerto Rico, sino que solamente se contabilizaron en los libros de las subsidiarias de esas empresas americanas con sede en la Isla.

En ese sentido, no es correcto decir que esas ganancias se “sacan” de Puerto Rico y se “envían al exterior”.  Tampoco es cierto que esas ganancias “se fugan del país”.  La realidad es que esas ganancias nunca estuvieron en la Isla y solamente existieron en Puerto Rico en unos libros de contabilidad.

La brecha que existe entre el PIB y el PNB de Puerto Rico significa que la actividad económica en nuestra la Isla es mucho menor de lo que parece.  Esa brecha también sugiere que nuestra estrategia económica no ha beneficiado al sector local de nuestra economía tanto como piensan muchos.

Utilizar esa brecha para argumentar que los Estados Unidos reciben más beneficios en la Isla que el dinero que nos envían, sin embargo, es faltarle a la verdad.

– – – # # # – – –

Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 28 de septiembre de 2012, página 30.

Copyright (Derechos Reservados) © 2012, Carlos A. Colón De Armas 

Propuestas del Banco de la Reserva Federal de NY

El Banco de la Reserva Federal de New York emitió una serie de propuestas sobre la economía de Puerto Rico (Report on the Competitiveness of Puerto Rico’s Economy, 29/junio/2012) que se han venido discutiendo recientemente en diversos foros.  Esas propuestas se añaden a las ofrecidas por la Asociación de Industriales de Puerto Rico y la Coalición del Sector Privado, que comenté en columnas anteriores  Veamos un breve resumen.

Reducir las barreras a la creación de empleos y a la participación en la fuerza laboral:    Un posible primer paso en esa dirección podría ser el reducir el salario mínimo para las personas menores de 25 años y luego ir subiéndolo escalonadamente a medida que la persona continúa empleada y ganando conocimientos y experiencias.  Además, se debe volver a examinar la aplicación del salario mínimo federal en Puerto Rico y el diseño de los programas de beneficencia gubernamental para incentivar más efectivamente la búsqueda de empleo.

Reformar la industria de energía:  Establecer una comisión reguladora independiente que supervise a la Autoridad de Energía Eléctrica y clarificar las reglas que les permiten a los productores de energía renovable vender energía a través de las líneas de distribución de esa agencia.

Reducir los costos de hacer negocios:  Continuar el esfuerzo de flexibilizar la reglamentación y reducir la burocracia gubernamental.  Además, eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje por un período limitado de tiempo, digamos de cinco años, de forma tal que se pueda analizar su efecto sobre los costos de transportación y se permita una evaluación más adecuada de los costos y beneficios de una posible exención permanente.

Promover las alianzas entre los negocios y las universidades:  Esto puede llevarse a cabo a través del gobierno o una entidad sin fines de lucro que establezca un centro de excelencia que provea fondos o incentivos enfocados hacia el desarrollo de nuevas tecnologías de importancia global.  También se debe apoyar, más activamente, la comercialización de los productos y servicios que se desarrollen a través de la investigación académica.  Un paso inicial en esta dirección podría ser la creación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de la academia, la comunidad de negocios, las instituciones sin fines de lucro y el gobierno que comiencen identificando las oportunidades más prometedoras hacia las cuales dirigir estos esfuerzos.

Promover la evaluación, por entidades independientes del gobierno, de políticas públicas:  Realizar mayores esfuerzos para evaluar, de forma rutinaria, las políticas públicas que propongan o establezcan los gobiernos para determinar si los beneficios exceden sus costos de forma tal que se puedan adoptar las mejores y eliminar las que no sean beneficiosas.  Para esto, se deben dirigir mayores recursos a mejorar y expandir las estadísticas económicas en la Isla para ponerlas a la par con los indicadores que regularmente se utilizan para monitorear las condiciones económicas regionales en el continente.

El Banco de la Reserva Federal de New York no realizó un análisis independiente de la economía de Puerto Rico.  En su lugar, se basó en los análisis realizados por otros estudios.  De igual forma, sus recomendaciones tampoco son muy originales ni trascendentales.

Las recomendaciones más controversiales son las relacionadas con el salario mínimo y las leyes de cabotaje.  Las mismas, sin embargo, carecen de la debida justificación.  Además, al no contextualizarlas adecuadamente a la realidad de Puerto Rico, y no llevarlas a su consecuencia lógica, pudieron haber cruzado la línea, muy fina en Puerto Rico, entre el campo económico y el terreno político.

Por ejemplo, el análisis económico tradicional sugiere que reducir los salarios, bajo ciertas circunstancias, puede aumentar el empleo.  Reducir los salarios, sin embargo, no produce nuevas ideas de negocios que es lo verdaderamente necesario.  Además, si la reducción en el salario mínimo es tan buena para promover el empleo, ¿se debe hacer extensiva a todas las jurisdicciones en los estados que también están atravesando por problemas económicos?

De igual forma, si las leyes de cabotaje afectan adversamente a la economía de Puerto Rico uno debiera suponer que igual efecto tendrían sobre la economía de las demás jurisdicciones y estados donde también aplican.  En ese sentido, ¿por qué no abogan por la exención temporera o la eliminación total de las leyes de cabotaje a nivel de todos los Estados Unidos?

Aparte de esas dos propuestas, reformar la industria de energía, reducir la burocracia gubernamental, hacer un mejor uso de los recursos en nuestras universidades y mejorar las estadísticas para que haya un mejor análisis de las políticas públicas, aunque no sean propuestas originales, definitivamente son recomendaciones que se deben implantar.

Aun así, yo esperaba más del Banco de la Reserva Federal de New York.

– – – # # # – – –

Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 21 de septiembre de 2012, página 26.

Copyright (Derechos Reservados) © 2012, Carlos A. Colón De Armas

¿Por qué “No”?

A través de nuestro actual estatus político, a los puertorriqueños se nos violan nuestros derechos civiles.  Esa violación de derechos civiles se manifiesta de dos formas principales:  (1)  estamos sujetos a las leyes de un gobierno en el que no tenemos la debida participación y al cual no ayudamos a elegir,  y  (2)  le pagamos impuestos a ese mismo gobierno.

Sobre el hecho de que esa violación de derechos existe todos estamos de acuerdo.  Incluso los partidarios del estatus actual le reconocen un “déficit de democracia”.  La diferencia estriba en qué hacemos al respecto.

En cualquier lugar razonable, la mera existencia de esas violaciones de derechos civiles sería suficiente para unir a la sociedad de forma tal que podamos darle fin a ese ordenamiento político.  En Puerto Rico, sin embargo, la situación es muy diferente.

En nuestra Isla existen dos corrientes de pensamiento con relación a ese asunto, cada una con sus consabidas divisiones.  Por un lado, están los que consideran esas violaciones de derechos civiles inaceptables y desean terminarlas de inmediato.  En ese grupo se encuentran los estadistas, los independentistas y los que favorecen la libre asociación.  Por otro lado, se encuentran quienes favorecen el actual estatus político, bien sea en su forma actual o con las modificaciones que el Congreso tenga a bien aprobar.

Muchas personas argumentan que tratar de resolver el problema del estatus político no debiera ser una prioridad.  Esas personas indican que son tantas las diferencias en torno al estatus, y es tanto lo que nos divide el mismo, que sería más productivo dedicar las energías a resolver otros problemas como, por ejemplo, la economía, la educación, la salud y la seguridad, en los que tenemos mayor probabilidad de coincidir y aunar esfuerzos para solucionarlos.  Además, señalan que nuestra economía y calidad de vida están tan deterioradas que no podríamos ser un estado ni un país independiente bajo nuestras circunstancias actuales.  Para esas personas, antes de atender el estatus, primero debemos unirnos para resolver los demás problemas que nos aquejan.

Posponer la eliminación de las violaciones de derechos civiles que representa nuestro actual estatus político conlleva dos problemas principales.  En primer lugar, la solución a muchos de nuestros problemas podría ser muy distinta bajo diferentes opciones de estatus.  Por lo tanto, posponer la solución al problema del estatus político equivale a posponer también la verdadera solución a nuestros otros problemas.  Después de todo, asuntos como la economía, la educación, la salud y la seguridad se pueden resolver tanto bajo la estadidad como la independencia, pero esas soluciones serían muy diferentes bajo una o la otra.  En segundo lugar, y quizás lo que es más preocupante, mientras el tiempo transcurre atendiendo otras prioridades se nos siguen violando nuestros derechos civiles.  Aceptar esas violaciones de derechos civiles, sin embargo, por las razones que sean, no debe ser aceptable para nadie.

Muchos en Puerto Rico viven bajo la percepción de que nuestro actual estatus político es indispensable para nuestro progreso económico y para el mejoramiento de nuestra calidad de vida.  La evidencia disponible ante nuestros propios ojos demuestra claramente que esa percepción no es correcta.  A manera de ejemplo, existen cincuenta estados y todos tienen una economía más robusta y una calidad de vida mejor que la nuestra.  De la misma forma, también existen muchos países independientes que están mejor que nosotros.

Si se puede progresar y tener éxito bajo otras fórmulas de estatus, no hay razón para mantener el estatus político actual bajo el cual se nos violan nuestros derechos civiles.  De lo contrario, habría que concluir que los puertorriqueños constituimos la única sociedad en la historia de la humanidad que piensa que necesita que se le violen sus derechos civiles para progresar.

Desde luego, nada de lo anterior significa que debemos cruzarnos de brazos y no hacer nada hasta que se resuelva el problema del estatus.  Hay mucho que podemos, y debemos, hacer para tratar de resolver todos nuestros problemas sin tener que esperar porque se resuelva el estatus.  De la misma forma, también sería incorrecto cruzarnos de brazos y no hacer nada por resolver el estatus hasta que se resuelvan todos los demás problemas.  Como dice la famosa frase pueblerina, los puertorriqueños tenemos que poder “caminar y mascar chicle a la misma vez”.

En síntesis, cualquiera que sea nuestra preferencia final de estatus, es importante que votemos “no” en la primera pregunta del plebiscito, para rechazar nuestra actual condición colonial.  Hacer otra cosa implicaría que a los puertorriqueños no les importa que les violen sus derechos civiles y ninguna sociedad que se respete a sí misma debe aceptar eso.

 – – – # # # – – –

Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 14 de septiembre de 2012, página 22.

Copyright (Derechos Reservados) © 2012, Carlos A. Colón De Armas

Ricky en la UPR

En días recientes, el Dr. Ricardo (Ricky) Rosselló Nevares obtuvo un puesto como Catedrático Auxiliar, en calidad de nombramiento probatorio, en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).  Ese nombramiento provocó una serie de críticas incluyendo alegaciones de favoritismo político.

Convocatoria:  La principal crítica en contra del nombramiento es que para el mismo no medió una convocatoria.  A esos efectos, la disposición pertinente es la Sección 29.1 del Reglamento General de la UPR la cual establece que “… el ingreso y el ascenso del personal universitario se efectúen sobre las bases de competencia …”.  Como esa “competencia” le aplica tanto al ingreso como al ascenso, sin embargo, es difícil interpretarla como sinónimo de convocatoria, que claramente no aplica a los procesos de ascenso.  (Para más detalles favor de ver “El requisito de convocatoria en la UPR” en este blog.)  De todas formas, en la UPR existen mecanismos para lidiar con casos de difícil reclutamiento.  En ese sentido, es importante reconocer que la disciplina del doctor Rosselló no está dentro del área de las humanidades y algunas ramas de las ciencias sociales, para los cuales suele haber múltiples candidatos para cada puesto.  El doctor Rosselló está en el campo de las ciencias naturales y, dentro de ese campo, trabaja con células madres.  Quienes mejor conocen la situación del doctor Rosselló y su campo, y si éste es o no de difícil reclutamiento, son sus pares académicos.

Evaluación de pares académicos:  La Sección 37.3.4 del Reglamento dispone que el personal docente será nombrado por los rectores pero que para ello “se consultará previamente al profesorado a través de los comités u otros organismos establecidos en este Reglamento”.  Según se ha informado (EV, 28/agosto/2012), se cumplió, por unanimidad, con ese requerimiento.

Cualificaciones:  El Artículo 43 del Reglamento establece que “los candidatos a cargos en cualquiera de las categorías del personal docente, se seleccionarán utilizando, entre otros, los siguientes criterios:  (1)  Calidad del expediente académico y calidad de las universidades donde realizó estudios;  (2)  Dominio de la materia a enseñar y capacidad para integrarla con áreas afines;  (3)  Experiencia en la docencia y en la aplicación de los conocimientos en un campo particular;  (4)  Trabajos publicados y conferencias dictadas;  (5)  Identificación con la filosofía y los objetivos de la Ley de la Universidad;  y  (6)  Capacidad para la investigación científica o la labor creativa.”  A base de lo expresado públicamente, incluso por quienes han cuestionado el nombramiento, es evidente que el doctor Rosselló cumple con todos esos criterios.

Rango:  La Sección 44.1.1 del Reglamento establece que el personal docente que posea un Doctorado “comenzará desempeñándose con el rango de Catedrático Auxiliar”.  La Sección 44.1.2 establece, sin embargo, que en “casos de méritos sobresalientes, se podrá otorgar rango superior al de ingreso si el nombrado posee preparación académica excepcional, o experiencia destacada en la enseñanza universitaria, en la investigación científica, o en la aplicación de conocimientos en su campo particular y, además, posee méritos reconocidos análogos a los exigidos para el rango superior”.  Esa disposición reglamentaria sugiere que se le pudo haber nombrado como Catedrático Asociado, que es un rango superior al que se le asignó.

Al comienzo del Capítulo V del Reglamento General de la UPR, se establece que “las oportunidades de servicio a la Universidad, en todas sus manifestaciones, se hagan asequibles a todos los que sientan el impulso y la disposición de colaborar con ella en el logro de sus propósitos.  Para ello, y a fin de propender al logro de la excelencia, todos los procesos de reclutamiento, selección, ascenso, retención y separación del personal universitario, se fundamentarán esencialmente en las capacidades relativas de los aspirantes, calibradas en demostraciones objetivas, libres de prejuicios y discriminación por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, impedimentos físicos o mentales, origen o condición social o por ideas políticas o religiosas”.

Si malo es reclutar favoreciendo a unas personas por sus ideas políticas, igual de malo sería no reclutarlas obedeciendo a esas mismas consideraciones.

En asuntos relacionados con el personal docente de la UPR, lo más importante son las determinaciones de los pares académicos.  A manera de ejemplo, recientemente en el Recinto de Río Piedras de la UPR se les ha negado la permanencia a varios profesores luego de recibir la recomendación favorable de sus pares académicos.  Esa acción tiene que ser repudiada.

Por las mismas razones, yo tengo que respaldar el nombramiento del doctor Rosselló avalado por sus pares.  Ése debe ser el proceder de todo académico.  Actuar de otra manera constituiría evidencia de que, en su caso, el discrimen político está más presente en las críticas al nombramiento y no en el nombramiento en sí.

– – – # # # – – –

Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 7 de septiembre de 2012, página 20.

Copyright (Derechos Reservados) © 2012, Carlos A. Colón De Armas

 

El requisito de convocatoria en la UPR

La Sección 29.1 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (UPR) establece el principio de mérito como parte integral de su régimen de personal.  A esos efectos, dispone lo siguiente:

“La Universidad, a través de los distintos organismos correspondientes a cada nivel del Sistema, proveerá los mecanismos necesarios para que el ingreso y el ascenso del personal universitario se efectúen sobre las bases de competencia, tomando en cuenta los méritos de los distintos candidatos, de manera que la selección recaiga en los más idóneos.”

De acuerdo a esa disposición, el principio de mérito requiere que “el ingreso y el ascenso del personal universitario se efectúen sobre las bases de competencia”.  Además, establece que el propósito de esas acciones de personal es “que la selección recaiga en los más idóneos”.

Muchas personas interpretan el uso de la palabra “competencia” en esa disposición reglamentaria como estableciendo un requisito de publicar las ofertas de trabajo (“convocatoria”) para el reclutamiento del personal docente en la UPR.  Cuando lo analizamos cuidadosamente, sin embargo, tenemos que concluir que esa interpretación no es necesariamente correcta.

De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra “competencia” tiene dos acepciones que pudieran ser relevantes a esa disposición reglamentaria.  En una de las acepciones, “competencia” se define como “oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa”.  En ese sentido, la palabra “competencia” tiene la connotación de “competir”.  Bajo esa acepción, se podría inferir que la disposición reglamentaria antes citada establece un requisito de convocatoria.  Por otro lado, “competencia” se define también como “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto”.  En ese segundo contexto, la palabra “competencia” tiene la connotación de ser “competente”.  Esta acepción es cónsona con el principio de idoneidad que se persigue de que se seleccionen a “los más idóneos”.

Para poder entender el verdadero significado del uso de la palabra “competencia” en la disposición reglamentaria antes citada, es importante entender cuál de las dos acepciones es la que aplica.  Para esto, es importante observar que el requisito de “competencia” establecido en la misma es aplicable tanto en el “ingreso” como en el “ascenso” del personal universitario.  Por lo tanto, la acepción correcta tiene que ser la que aplique a ambas acciones de personal.

En ese sentido, es importante observar que una convocatoria podría ser aplicable cuando ingresa el personal docente a la UPR, pero no puede ser de aplicación cuando se está considerando el ascenso de ese mismo personal.  Esto significa que la acepción de la palabra “competencia” que tiene la connotación de “competir”, y que significaría un requisito de convocatoria, no puede ser la correcta, pues no aplica a las dos acciones de personal indicadas.

Lo anterior significa que la interpretación correcta de la “competencia” a la que hace referencia la disposición reglamentaria antes citada es la que busca “pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo”.  Esa conclusión no sólo es correcta a base del razonamiento anteriormente presentado, y aplica tanto en el “ingreso” como en el “ascenso” del personal universitario, sino que la misma es la conclusión más cónsona con el verdadero significado del principio de mérito que persigue, tal como indica la propia disposición reglamentaria,  que en acciones de personal el objetivo debe ser “que la selección recaiga en los más idóneos”.

Desde luego, la mejor forma de interpretar una disposición reglamentaria no es verla aisladamente.  Lo correcto es verla en el contexto del Reglamento en su totalidad.  En ese sentido, es importante notar que en el Capítulo VIII del Reglamento General de la UPR, que le aplica al personal no docente, sí existe un requisito de promocionar y publicar las ofertas de trabajo.  Así se establece en la Sección 75.1 del mismo Reglamento:

“La Oficina Central de Recursos Humanos, en coordinación con las oficinas de recursos humanos de las unidades institucionales, será responsable de desarrollar la promoción y publicidad de las ofertas de trabajo para interesar a los mejores candidatos en prestar sus servicios a las diversas unidades institucionales universitarias.”

Si en el mismo Reglamento se incluyó un requerimiento de convocatoria para los puestos no docentes, es necesario concluir que si se hubiera querido requerir lo mismo para llenar los puestos de personal docente, lo mismo se hubiera hecho.  Dado que no se hizo, lo correcto es concluir que la intención de quienes escribieron y aprobaron el Reglamento fue que no hubiese un requisito de convocatoria para el personal docente.

Por todo lo anterior, es necesario concluir que en el Reglamento General de la UPR no existe un requisito de publicar convocatorias para reclutar al personal docente.

No obstante lo anterior, es indudable que una convocatoria es una de las formas de contribuir a reclutar a las personas más idóneas.  Es innegable también que, en la medida que se pueda, para reclutar al personal docente, lo mejor es publicar la disponibilidad de los puestos.  De esa forma se trata de lograr que los más aptos compitan para llenar los mismos.

Lo importante, sin embargo, para verdaderamente salvaguardar el principio de mérito, es reclutar a los más idóneos.  Después de todo, publicar una convocatoria, para usarla de artimaña, y luego amañar el proceso para reclutar a los que no son más aptos, puede parecer un buen proceso, pero no cumple verdaderamente con el principio de mérito.

– – –  # # #  – – –

Propuestas de la Coalición del Sector Privado

Luego de mi columna sobre las propuestas de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), la Coalición del Sector Privado me envió las suyas, que habían propuesto anteriormente.  Veamos un breve resumen.

Crear el Comité permanente de desarrollo económico y social:  Integrado por representantes del sector no gubernamental y el gobierno, su objetivo es despolitizar, dar mayor participación y hacer más incluyente a todos los sectores de la sociedad en la formulación de estrategias de desarrollo.

Migrar a una economía del conocimiento:  Proceso integrador que debe incluir al Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, el cual deberá constituirse como un organismo totalmente privado, con una Junta de Síndicos de personas respetadas en el mundo de las ciencias.  Además, deberá fortalecerse la capacidad de las universidades en la creación de nuevos conocimientos.

Reforma contributiva e inversión:  Cabildear a favor de la Sección 933A u otras propuestas para aumentar el flujo de inversión de corporaciones foráneas, crear “Embajadores Industriales” quienes conjuntamente con el Gobierno promuevan a Puerto Rico como destino de inversión, reducir la tasa contributiva de las corporaciones a 25% en el año 2012 (en lugar del año 2014) y hacer alianzas con el sector privado para que ayude en el proceso de cobros de deudas, y en la resolución de controversias, contributivas.

Modificar impuestos a la propiedad:  Eliminar el impuesto a la propiedad mueble.

Mejorar el clima de inversión:  Eliminar la corrupción, tratar la inversión como un gasto, estimular la construcción con incentivos de vivienda, eliminar la regla que cambia la fuente de ingresos para las corporaciones foráneas que manufacturarán en Puerto Rico luego del año 2016, redirigir los recursos del gobierno hacia servicios necesarios (e.g., cuidar a personas de mayor edad y adiestrar a personas desempleadas en aspectos como la tecnología), y convertir a Puerto Rico en un Centro Financiero Regional proveyendo incentivos.

Creación de empleos:  Ofrecer créditos contributivos por la creación de nuevos empleos, incentivar el empresarismo y crear el programa “Operación Revitalizando la Innovación” con el fin de promover que los gerentes de empresas que abandonan la Isla puedan adquirir las mismas.

Restaurar la cultura laboral:  Cambiar el enfoque en las escuelas vocacionales para convertirlas en escuelas de empresarismo y crear un programa de transición para personas que reciben ayuda gubernamental hacia los sectores productivos, permitiéndoles que reciban remuneración, sin perder sus ayudas, durante de un período de transición.

Creación de alianzas entre todos los sectores laborales:  Crear una Comisión que integre al sector empresarial, el gobierno y al sector laboral que mantenga diálogo constante e intercambie información y estrategias a manera de educarse en tendencias mundiales que incluya temas tales como el horario flexible, incentivar a los trabajadores que ingresen al mercado laboral, invertir en programas de capacitación de trabajadores y desarrollar programas que mejoren la productividad.

Reforma energética:  Crear la Junta Reglamentadora de Energía, gasificar las plantas generadoras del sur de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), poner en vigor el Reglamento de trasbordo (“wheeling”) de la AEE, pagar las deudas que las agencias de gobierno tienen con la AEE, aumentar el fondo de Energía Verde, incrementar las fuentes  de energía renovable, hacer públicas las estadísticas de despacho, generación y eficiencia eléctrica y revisar las fórmulas de ajustes por combustible y por compra de energía para que solamente incluyan los costos relacionados al combustible.

Educación:  Despolitizar y alejar de los vaivenes políticos al Departamento de Educación colocando su administración en manos de una Junta de Síndicos y una gerencia especializada que utilicen mecanismos que la alejen del proceso político partidista y se concentre en la educación K‑12.  Además, evaluar las escuelas de la comunidad y las ‘charter schools’.

Estas propuestas, algunas de las cuales son cónsonas con las “tácticas” presentadas por la AIPR, representan otra contribución importante al diálogo público en Puerto Rico.  Las mismas contienen ciertas ideas que se deben ponderar cuidadosamente y considerar seriamente la posibilidad de implantarlas.

En cinco de las diez propuestas, sin embargo, solamente se recomiendan estructuras organizacionales y objetivos, sin mucho más detalle sobre el cambio que se pretende y la forma de lograrlo.  Las propuestas más específicas se ofrecen en materia contributiva.  En ese aspecto, continúan la tendencia de favorecer más a las empresas de afuera que a las locales.  Al así hacerlo, más que recomendaciones económicas, constituyen realmente propuestas de índole política.  Además, se recurre demasiado al uso de incentivos, lo cual mantiene al gobierno como el eje sobre el cual gira nuestra economía.

A la Coalición del Sector Privado le queda mucho trabajo y análisis por realizar.

– – – # # # – – –

 Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 31 de agosto de 2012, página 24.

Copyright (Derechos Reservados) © 2012, Carlos A. Colón De Armas