Economía y administración

Desde los años setenta, la economía de Puerto Rico ha estado creciendo a un ritmo decreciente. A partir del año fiscal 2007, ese crecimiento económico menguado se convirtió en negativo y, con excepción del año fiscal 2012, la economía de la Isla se ha estado contrayendo.

El análisis de esa crisis económica ha estado prácticamente ausente del diálogo público. En su lugar, durante todos estos años, cuando se han esbozado argumentos económicos casi siempre ha sido para disfrazar la discusión, fundamentalmente incorrecta, del estatus.

Recientemente se han observado varios indicadores económicos positivos. Estos, sin embargo, son el resultado de una inyección de fondos temporera y de problemas de medición, y no reflejan el crecimiento económico sostenible que necesita nuestra Isla.

Ante toda esta realidad, la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno han estado en pugna por asuntos que, aunque de gran importancia para ciertos sectores, no atienden los problemas fundamentales que sufre Puerto Rico. A esos efectos, a continuación ofrecemos seis ideas que tienen como objetivo contribuir a enfocar el esfuerzo de recuperación de la Isla y así poder mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.

Causa y efecto al revés. Contrario a la percepción generalizada, los problemas por los que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico no surgieron por una economía que se debilitó. Los problemas del fisco fueron causados por una clase política que, a partir del año fiscal 2001, decidió gastar en exceso a la misma vez que los ingresos del gobierno crecían de forma robusta. Ese gasto excesivo llevó al gobierno a utilizar su limitada capacidad de deuda para financiar gastos, lo cual provocó una reducción significativa en la inversión. Esa merma en la inversión, unida al intento de resolver los problemas con impuestos en lugar de reducir gastos, es lo que nos trajo hasta aquí. En otras palabras, el debilitamiento en la economía no causó la crisis fiscal, sino que fue el gasto deficitario el que terminó de matar una economía que estaba en su lecho de muerte desde la década del setenta.

Arreglar la economía no va a resolver la crisis fiscal. Puerto Rico atraviesa por una crisis fiscal y una crisis económica. Ambas crisis son independientes, con causas y orígenes muy diferentes, y las dos deben atenderse con celeridad. No obstante, como la crisis económica no causó la crisis fiscal, reactivar el crecimiento económico de la Isla no va a resolver, de por sí, los problemas fiscales del gobierno.

La inversión pública es más importante que el gasto público. Hoy en día, grupos de interés tratan de defender sus respectivas asignaciones presupuestarias argumentando que cualquier reducción en gastos públicos sería adverso al desarrollo económico. Esto casi nunca es cierto. Después de todo, si el gasto público fuera tan bueno para la economía, Puerto Rico sería un paraíso pues el presupuesto del Fondo General del gobierno está en déficit desde el año fiscal 2001. En términos generales, el gasto público es importante para los sectores particulares que dependen del mismo. Por el contrario, si queremos adelantar el bienestar general y el desarrollo económico de la Isla, la inversión pública debe tener prioridad sobre el gasto público.

No se deben usar las APP como herramientas financieras. El gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal no le han dado la importancia que requiere a la inversión. Tampoco han reconocido la necesidad de financiamiento que requiere esa inversión pública. En su lugar, argumentan que esas inversiones deben provenir de Alianzas Público-Privadas. Esto es un curso de acción equivocado pues las Alianzas Público-Privadas aumentan los costos de financiamiento y hacen menos viables los proyectos.

Hay que administrar bien. En las pugnas recientes con relación al presupuesto, el Gobierno de Puerto Rico ha tratado de aumentar gastos a base de argumentos filosóficos de necesidad divorciados de responsabilidad fiscal. Ese comportamiento nos trajo la crisis. En su lugar, el gobierno debe enfocarse en administrar bien, no porque lo manda la Junta, sino porque es bueno para Puerto Rico.

Adoptar un modelo económico divorciado de las fórmulas de estatus. Debemos desarrollar una estrategia económica basada en la evidencia disponible. Esto hará más factible lograr un consenso sobre esa estrategia y asegurar la continuidad de la misma. Para que esa estrategia sea verdaderamente efectiva a largo plazo, esta debe funcionar y ser independiente de cualquier fórmula que finalmente se adopte para resolver el problema del estatus político de Puerto Rico.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero,

10 de septiembre de 2019, página 17.

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Tres propuestas para combatir la corrupción

Los eventos recientes demostraron la necesidad de cambiar el rumbo de muchas cosas en Puerto Rico. Dados los detonantes principales de esa crisis de gobernanza, es lógico pensar que una buena forma de comenzar ese proceso debería ser proponiendo iniciativas dirigidas a reducir la corrupción gubernamental en la isla.

La forma en que tradicionalmente se ha tratado de reducir la corrupción gubernamental ha sido mediante la implantación de programas dirigidos a detectarla (por ejemplo, la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General y las oficinas de auditoría interna en las agencias) y aumentando las penalidades que se les imponen a las personas halladas culpables de incurrir en esa conducta. Aunque esas iniciativas deben ser parte de cualquier esfuerzo dirigido a atajar la corrupción gubernamental, lo cierto es que para aumentar las probabilidades de ganar esa batalla deberíamos comenzar por reducir los incentivos que inducen a ella.

Existen muchas modalidades de corrupción gubernamental. La forma más común, sin embargo, es aquella en la cual una persona o empresa privada se beneficia de decisiones que emanan del gobierno y esto le lleva a ofrecer algo de provecho a cambio de que las mismas le favorezcan. Esto sugiere que, para combatir esa corrupción, lo más importante es reducir las oportunidades para que una persona o empresa privada se pueda beneficiar de una decisión que toma un funcionario público. Además, debemos reducir los beneficios económicos que puedan resultar de esa decisión. Veamos tres propuestas dirigidas a lograr esos objetivos.

Propuesta #1: Reducir la intervención del gobierno en los asuntos económicos. Esto incluye, entre otros, reducir la reglamentación, los requerimientos de permisos, los incentivos y las preferencias que se exigen u otorgan a empresas privadas.

Contrario a la opinión generalizada, pocas de esas intervenciones gubernamentales, si alguna, resultan beneficiosas para la economía de Puerto Rico. No obstante, para personas o empresas privadas, zafarse de la reglamentación y de los requerimientos de permisos, y ser favorecidos con contratos, incentivos y preferencias, tiene el potencial de resultar en grandes beneficios económicos. Como resultado, existe margen para el cómputo mercantil inherente a incurrir unos costos de corrupción (por ejemplo, pagar sobornos u ofrecer tajadas de contratos) a cambio de recibir esos potenciales beneficios económicos. Si se reducen esos beneficios potenciales, porque se minimizan las decisiones que puede tomar el gobierno para beneficio de personas o empresas privadas, la ecuación mercantil a favor de la corrupción debería reducirse también.

Por otro lado, hay que reconocer que ninguna empresa privada desea perder dinero; por lo tanto, cuando una firma incurre en un gasto, lo hace pensando que el beneficio recibido a cambio del mismo será mucho mayor. Esto significa que, en los casos de corrupción gubernamental, el pago que reciben los empleados públicos, por definición, será mucho menor que el beneficio que derivan las personas particulares o empresas privadas. Esa realidad da base para dos propuestas adicionales: 

Propuesta #2: En los casos en que se pruebe que ha habido corrupción gubernamental, las penalidades mayores deben recaer sobre las personas particulares o representantes de las firmas privadas que en los funcionarios públicos involucrados.

Propuesta #3: Cuando, para facilitar la solución de un caso, haya que proveerles inmunidad a personas que hayan participado en un esquema de corrupción gubernamental, la misma solamente se le debe otorgar a oficiales del sector público y nunca a personas particulares o representantes de empresas privadas.

Un famoso refrán popular dice que “el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones”. Como si estuviera poniendo en práctica ese refrán, el Gobierno de Puerto Rico ha creado muchos programas e instrumentalidades con la mejor intención de ayudar a resolver múltiples problemas que aquejan a la ciudadanía y mejorar su calidad de vida. No obstante, muchas de esas iniciativas solamente han servido para aumentar la corrupción gubernamental. Es hora ya de desmontar ese andamiaje. Además, hay que aumentarle al sector privado los costos de participar en esquemas de corrupción. Esto sugiere que las tres propuestas que aquí presentamos deben ser parte esencial de cualquier esfuerzo dirigido a terminar con la corrupción gubernamental en Puerto Rico.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero,

3 de septiembre de 2019, página 15.

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