Clasificaciones de bonos: Acciones recientes

Recientemente, la agencia clasificadora Standard & Poor’s (S&P) le redujo la clasificación a los bonos de obligación general del Gobierno de Puerto Rico a BBB‑ (de BBB, que era su clasificación anterior).  Esa clasificación es la más baja antes de caer a los niveles considerados “chatarra”.  Además, le asignó una perspectiva negativa.

Según S&P, esa degradación se debió a que, para el año fiscal 2013, se proyecta que el presupuesto del gobierno tendrá un déficit mayor al contemplado originalmente, lo cual hace más difícil lograr un balance presupuestario durante los próximos dos años.

Los bonos de obligación general comprometen “la buena fe y el crédito” del Gobierno de Puerto Rico y, por lo tanto, representan deuda pública con una relativa alta calidad crediticia.  El gobierno también emite bonos que no comprometen su “buena fe y crédito” y que son pagaderos de asignaciones legislativas específicas.  Esos bonos se consideran de menor calidad y, por consiguiente, usualmente tienen un nivel de clasificación menor que los bonos de obligación general.  S&P, sin embargo, no le redujo la clasificación a esos bonos y se la mantuvo en BBB‑.  Como consecuencia, no descendieron a “chatarra”.

Muchas personas viven bajo la impresión de que todo este asunto de las clasificaciones de la deuda pública no les afecta sino que solamente impacta al gobierno.  Nada más lejos de la verdad.

En el caso del gobierno, una degradación a nivel de “chatarra” aumentaría significativamente los costos de financiamiento de futuras emisiones de bonos.  El costo de los bonos ya emitidos, sin embargo, no se afectaría.  En cambio, en el sector privado, si los bonos bajan a una clasificación por debajo de las consideradas aceptables para inversión (“investment grade”), el efecto se sentiría de inmediato y sería más abarcador.

Los bonos no son otra cosa que deudas o préstamos de la agencia o entidad que los emite.  Para quien los compra, sin embargo, esos bonos constituyen instrumentos de inversión.  En el sector privado, muchas son las personas y entidades como, por ejemplo, bancos, fondos mutuos y planes de pensiones, que tienen dinero invertido en bonos del gobierno.  Por lo tanto, si esos bonos son degradados a niveles considerados “chatarra”, el valor de esos bonos se reduciría.  Esto provocaría, entre otras cosas, que las personas pierdan poder adquisitivo, que los bancos vean reducida su capacidad de prestar dinero y que se pongan en peligro las pensiones de personas con patronos privados.  De eso ocurrir, las consecuencias económicas y personales, aunque difíciles de cuantificar, serían muy negativas.

Las agencias clasificadoras de bonos han sido pacientes con Puerto Rico y parecen estar tratando de evitar lo más posible una futura degradación.  Es hora de que el gobierno aproveche esa oportunidad, tome el asunto con la seriedad que lo requiere y lo resuelva de una vez por todas.  De no hacerlo, las repercusiones podrían ser nefastas.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 22 de marzo de 2013, página 22.

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Chávez

En su Evangelio, San Lucas nos advierte que, “a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más”.  (Lucas 12:48)

Ese pasaje bíblico es altamente pertinente a la hora de evaluar el desempeño de Hugo Chávez como presidente de Venezuela.

Independientemente de lo que piensen los partidarios de la política populista del extinto presidente venezolano, el análisis de sus ejecutorias no puede hacerse en el abstracto, limitándonos a considerar sus alegadas buenas intenciones hacia los más necesitados.  Por el contrario, su desempeño debe ser analizado a la luz de los recursos que tenía disponible al momento de gobernar y a base de los resultados que logró con los mismos.

Venezuela es un país rico en recursos naturales.  De acuerdo al CIA Fact Book, la patria de Bolívar es el segundo país con más reservas de petróleo en el mundo y el noveno con mayor reserva de gas natural.  Además, según informa la Enciclopaedia Britannica, Venezuela contiene yacimientos importantes de carbón, hierro, bauxita, níquel, fosfato, cobre, zinc, plomo, titanio, manganeso, oro y diamantes, entre otros.  Con todo ese caudal de recursos, sin embargo, de acuerdo al Banco Mundial, en el año 2011, que es el año más reciente para el cual están disponibles los datos, el ingreso por persona de los venezolanos ascendió a tan solo $11,820.

Contrario al caso de Venezuela, a través del mundo se observa una diversidad de países que, sin contar con una cantidad significativa de recursos naturales, tienen un mayor ingreso per cápita que nuestro vecino suramericano.  Como ejemplos podemos mencionar a Luxemburgo, cuyo ingreso por persona en el año 2011 fue de $77,580, Suiza ($76,400), Japón ($44,900), Singapur ($42,930) y Hong Kong ($36,010).  Si en lugar de ingreso por persona utilizáramos otros indicadores económicos, llegaríamos a una conclusión similar.  El desempeño económico y la calidad de vida de la gente en muchos países, aun en aquéllos que carecen de recursos naturales, ha superado significativamente a Venezuela.

Para algunas personas, los recursos naturales son el fundamento esencial sobre el cual se basa la economía de un país.  El desempeño económico de Venezuela, sin embargo, deja claramente establecido que eso no es necesariamente cierto.  Los recursos naturales, aunque pueden servir de base para una economía sólida, no garantizan el éxito económico de los países.

Las economías exitosas en el mundo no siempre tienen a su haber un caudal de recursos naturales.  Esas economías sí cuentan con una población educada, con unas instituciones que facilitan la actividad económica y con un liderato que es capaz de aunar los esfuerzos de la población hacia la consecución de objetivos comunes.

Visto desde esa óptica, y tomando en cuenta los recursos que tuvo a su disposición y los resultados que logró, Hugo Chávez fue un fracaso como gobernante.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 15 de marzo de 2013, página 26.

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No nos engañemos

A diario, los medios noticiosos informan sobre los problemas económicos y fiscales por los que atraviesa Puerto Rico.  A la misma vez, esos mismos medios hacen lo propio con los retos que enfrentan muchos países en el mundo.  Esa coincidencia de noticias ha creado en la mente de muchos puertorriqueños la percepción de que nuestros problemas son parte de una corriente global y son causados por los mismos factores.  Nada más lejos de la verdad.

Puerto Rico lleva seis años corridos de contracción económica.  Los recaudos del Fondo General, que llegaron a su nivel más alto en el año fiscal 2007, no se han recuperado desde entonces.  La tasa de desempleo mensual se ha mantenido en doble dígitos desde el año 2007 y la tasa de participación ronda sus niveles más bajos, manteniéndose por debajo del 40% desde marzo de 2012.  Las corporaciones públicas  del Gobierno de Puerto Rico están fiscalmente frágiles y el sistema de retiro amenaza con llevar el crédito del gobierno a niveles considerados “chatarra”.

Mientras en la Isla hemos estado sufriendo éstos y otros problemas, en muchos lugares la situación ha sido muy diferente.  De acuerdo al Banco Mundial, el Producto Interno Bruto (PIB) a nivel global creció 4.3% en el año 2010 y 2.7% en el año 2011, que son los dos años más recientes para los cuales están disponibles los datos.  Para esos mismos años, el PIB de la América Latina y el Caribe creció 6.0% y 4.7%, respectivamente.  Si analizamos países específicos, veremos que, por ejemplo, el PIB de la República Dominicana creció 7.8% en el año 2010 y 4.5% en el año 2011.  Para esos mismos años, en Panamá el PIB creció 7.6% y 10.6%, respectivamente, en México 5.5% y 3.9%, en Chile 6.1% y 6.0%, y en Brasil 7.5% y 2.7%.

En Estados Unidos, que ha tenido problemas con su proceso de recuperación, los últimos tres años el PIB creció a una tasa promedio anual de más de 2.0%, el mercado de viviendas está comenzando a recuperarse y los índices bursátiles están llegando a sus niveles históricos más altos.

De un tiempo para acá, ha habido años en que muchos países en el mundo han confrontado problemas.  En esos momentos, Puerto Rico también ha pasado sinsabores.  Luego, esos mismos países se han recuperado y han regresado a la bonanza económica.  Mientras eso sucede, la Isla se ha mantenido en retroceso.  En otras palabras, hace ya tiempo que Puerto Rico, en materia económica, se divorció del resto del mundo.  Incluso se ha apartado de las corrientes económicas de los Estados Unidos.

No nos engañemos.  Los problemas económicos que sufre Puerto Rico no son un reflejo de la situación global.  Sus causas son puramente criollas, basadas en un modelo económico que nunca sirvió, y mucho menos ahora luego de que el mundo se transformó hacia la globalización.

Si no cambiamos pronto, lo peor está por venir.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 8 de marzo de 2013, página 20.

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Los problemas en los sistemas de retiro

Los sistemas de retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico están confrontando graves problemas financieros.  De acuerdo a los estudios actuariales al 30 de junio de 2011, que son los más recientes que están disponibles, el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico cuenta con seis centavos de activos para pagar cada $1.00 de deudas.  Esto se traduce en un déficit actuarial de $25,491 millones.  Si añadimos el Sistema de Retiro para Maestros, el déficit actuarial asciende a $35,260 millones.

El problema surge, principalmente, por la forma en que se concibieron los sistemas desde sus comienzos, cuando se estructuraron como lo que se conoce en la industria como “defined benefits plans”.  Esto significa que se definieron los beneficios sin necesariamente atarlos a las aportaciones.

A manera de ejemplo, cuando se otorgan pensiones a base del salario promedio de los tres años con los sueldos más altos, pero se aportó al sistema a través de 30 años de servicios, la mayoría de ellos con sueldos menores, se han estado sentando las bases para el problema que vemos hoy.  Si a eso le sumamos los beneficios adicionales que se han concedido sin aumentar las aportaciones, no debe extrañarle a nadie la crisis que enfrentamos.

Para corregir esa situación, en el año 1999 (2004 para maestros), se cerró el plan de beneficios definidos para los nuevos empleados y se convirtió en un plan cuyos beneficios dependen de las aportaciones (“defined contributions plan”).  Quedan todavía tantos empleados en el sistema anterior, sin embargo, que esto no ha permitido resolver el problema.  Peor aún, lo que ha sucedido hasta ahora es que el plan viejo ha absorbido las aportaciones incluso de los empleados bajo el plan nuevo.

Para solucionar estos problemas, los actuarios han determinado que se necesita inyectarle a los sistemas de retiro $2,853 millones anualmente.  Esa cifra es muy alta para que pueda provenir de una sola fuente.  Por lo tanto, somos muchos los que tendremos que aportar a la solución.

Por un lado, los pensionados están disfrutando de unos beneficios mayores a los que les corresponderían a base de lo que aportaron al Sistema durante sus años de trabajo.  Por lo tanto, es posible que haya que reducirles las pensiones aunque esto represente incumplir con la promesa que se les hizo a través de sus treinta años de servicio.  Por otro lado, a los empleados actuales probablemente haya que pedirles que aporten más, aunque esto vaya en contra de su ya maltrecho poder adquisitivo.  Lo mismo vamos a tener que pedirle al patrono, o sea, al gobierno y sus agencias, aunque en la práctica eso saldrá del bolsillo del contribuyente.

Para bien o para mal, no hay una sola persona o entidad responsable por los problemas en los Sistemas de Retiro.  Dejemos de buscar culpables y busquemos soluciones.  En esto se nos va la vida como pueblo.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 1 de marzo de 2013, página 20.

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