El impago es culpa del Gobernador

El 30 de diciembre de 2015, el gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, anunció una nueva ronda de impagos con relación a la deuda pública de la Isla.  Ese impago se constituyó al dejar de pagar, el 4 de enero de 2016, $35.9 millones y $1.4 millones en intereses correspondientes, respectivamente, a los bonos adeudados por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés).  En total, el impago de enero ascendió a $37.3 millones y en lo que va de año fiscal se ha dejado de pagar $263 millones que se le adeudan a los bonistas.

Estos impagos son de la entera responsabilidad del gobernador García Padilla, por sus propias erradas decisiones fiscales y económicas, y en nada obedecen a problemas heredados.  Repasemos alguna de la evidencia que así lo demuestra.

En su primer mensaje sobre la situación del país, pronunciado ante la Asamblea Legislativa el 25 de abril de 2013, el gobernador propuso un incremento en gastos de $752 millones para el presupuesto del año fiscal 2013-2014.  Con ese presupuesto, que finalmente se aprobó con un aumento de alrededor de $700 millones, se cambió la política pública hacia aumentar los gastos del gobierno.  Como consecuencia, antes de terminar ese año fiscal, en febrero de 2014, las agencias clasificadoras degradaron la deuda pública de Puerto Rico a niveles considerados “chatarra”.  Desde entonces, los gastos que se han reducido han sido parte de esos mismos que aumentó la actual administración, pero no ha habido un intento serio de realmente reducir los gastos del Gobierno de Puerto Rico.

Más recientemente, de acuerdo al Bureau of Labor Statistics del gobierno federal, desde enero de 2015 (230,300) hasta noviembre de 2015 (231,800) el empleo en el Gobierno de Puerto Rico ha aumentado por +1,500 personas.  Además, se ha informado sobre la otorgación de contratos corruptos y se ha estado desperdiciando dinero en consultores que no son necesarios.

Si el gobernador García Padilla hubiese tomado las acciones requeridas para reducir éstos y otros gastos públicos innecesarios, y si hubiera mantenido una política pública dirigida a honrar los compromisos del gobierno y sus agencias, los pagos a los bonistas se hubieran podido realizar sin problema alguno.

Es altamente irresponsable y vergonzoso que el gobernador García Padilla haya decidido jugar a la política ideológica relacionada con el estatus en lugar de manejar responsablemente los asuntos fiscales del Gobierno de Puerto Rico.  Después de todo, esto no es culpa del Congreso por eliminar la Sección 936.  Esa eliminación no tuvo nada que ver con este impago.

Cuentan que a Don Luis Muñoz Marín le preguntaron un día “Don Luis, ¿a qué se debe el progreso de Puerto Rico” y él respondió “a eso mismo, a que se debe”.

Consciente de esa realidad, Don Luis Muñoz Marín estableció la tradición de un buen manejo de las finanzas públicas en Puerto Rico.  Así dejó claramente establecido que salvaguardando el buen nombre y el crédito del Gobierno de Puerto Rico es como mejor se le sirve al pueblo, pues así es que se pueden financiar las obras que mejoran su calidad de vida.

El gobernador García Padilla pretende hacernos creer que el no pagar las deudas constituye prueba de que no se pueden pagar las mismas.  Por el contrario, en el caso del Gobierno de Puerto Rico, no pagar las deudas es evidencia de falta de voluntad para hacerlo.  Por el bien del pueblo de Puerto Rico, ya es hora de detener esa práctica.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Nuevo Día,

7 de enero de 2016, página 44.

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