¿Quién entregó la Sección 936?

La Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos fue derogada mediante la ley federal núm. 104-188 de 20 de agosto de 1996 (Small Business Job Protection Act of 1996), con efectividad en el año 2005.

Muchas personas piensan que esa derogación fue responsabilidad del Partido Nuevo Progresista y del Dr. Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico en aquel momento.  En el libro Contra viento y marea hacia el futuro:  Historia de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, 1928-2013, de los historiadores Guillermo A. Baralt y José L. Bolívar Fresneda, publicado en el año 2014 por la propia Asociación de Industriales, se demuestra que esa percepción generalizada no es correcta.

Según relatan los historiadores (pp. 222-244), el doctor Rosselló siempre estuvo comprometido con defender la Sección 936, por lo menos hasta que no hubiese otra alternativa igual o mejor para promover el desarrollo económico de Puerto Rico.  Esa defensa estuvo a cargo del entonces Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Luis Fortuño y el Administrador de Fomento Industrial, Jaime Morgan Stubbe.  No obstante, unos meses antes de tomar posesión la nueva administración, ya el senador David Pryor (D-Arkansas) había presentado un proyecto para eliminar esa Sección.  Además, la administración del presidente Bill Clinton la incluyó como una de las medidas a eliminar para cuadrar el presupuesto federal.  El final de la Sección 936 pareció sellarse en las elecciones congresionales de 1994, que le dieron al partido republicano el control de ambas cámaras del Congreso.

Mientras todo eso ocurría, y se iban generando diferentes piezas legislativas sobre la Sección 936, comenzaron a aflorar rumores de que las empresas que más se beneficiaban de esa Sección estaban negociando por su cuenta en el Congreso, al margen de los esfuerzos del gobierno.  En medio de ese ambiente, Fortuño y Morgan Stubbe citaron una reunión con representantes de las empresas farmacéuticas para planificar “una última estrategia”.  En esa reunión, uno de esos representantes anunció “súbitamente” que esas empresas habían llegado a un acuerdo con el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes federal para derogar la Sección 936 a cambio de otros beneficios que nada tenían que ver con sus operaciones en Puerto Rico, y con la condición de que esa derogación se extendiera por diez años.  Según relatan los documentos históricos, eso “ocurrió a espaldas de la Asociación de Industriales, del gobierno de Puerto Rico, de la mayoría de las compañías radicadas en la isla y de nuestros trabajadores”.

De acuerdo con los historiadores, hubo diferencias con relación a varias estrategias que se utilizaron para defender la Sección 936 y desacuerdos sobre el curso de acción a seguir cuando algunos interpretaron que su suerte estaba echada.  También es cierto que el entonces Comisionado Residente, Carlos Romero Barceló, favoreció su derogación.  No obstante, el récord histórico demuestra que, en todo momento, las acciones de la administración Rosselló fueron para defenderla.

En resumen, la realidad histórica es que la Sección 936 fue derogada porque líderes de ambos partidos en Washington se convencieron de que los beneficios contributivos que recibían las empresas a través de esa Sección eran mucho más que los beneficios que recibía Puerto Rico, y porque un puñado de empresas farmacéuticas la entregaron.  La percepción de que el PNP y la administración Rosselló entregaron la Sección 936 y, por consiguiente, son responsables de su derogación, aunque a muchos no les guste aceptarlo, no es cierta.

Aclarado el récord histórico, nada de lo anterior está relacionado con el debate sobre si la Sección 936 fue buena para Puerto Rico.  En innumerables ocasiones hemos contestado esa disyuntiva en la negativa.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Nuevo Día,

15 de julio de 2015, página 53.

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