El Gobierno de Puerto Rico ha emitido más de $15,200 millones en bonos, respaldados por el Impuesto de Ventas y Usos (IVU), a través de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).
En esas emisiones, el gobierno comprometió los primeros 3.5% del IVU para el pago de esos bonos. Si el ingreso producido por esa porción del IVU no fuera suficiente para cumplir con los bonistas de COFINA, el gobierno les ofreció ponerles a su disponibilidad, antes de utilizarlos para otros propósitos, los fondos recaudados por el resto del IVU. Además, el gobierno acordó no reducir el IVU durante el tiempo durante el cual los bonos de COFINA no se hayan pagado en su totalidad.
No obstante esos compromisos, en el contrato de los bonos se reconoció que el gobierno tiene el poder constitucional de imponer y cambiar impuestos. En caso de que fuese a ejercer ese poder y decidiera sustituir el IVU por un nuevo impuesto, el gobierno se obligó con los bonistas de COFINA a:
- Confirmar, por escrito, que la sustitución del IVU por el nuevo impuesto no afectará las clasificaciones de los bonos de COFINA.
- Obtener tres opiniones legales escritas, emitidas por (i) el Secretario de Justicia de Puerto Rico, (ii) un abogado de bonos, así reconocido a nivel nacional, y (iii) un abogado experto en las finanzas públicas de Puerto Rico, indicando que, si se llevara un caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, éste concluiría que el nuevo impuesto es legal, ha sido válidamente transferido a COFINA y no constituye “recursos disponibles” para el gobierno estatal en caso de éste necesitarlo para pagar sus deudas.
El 11 de febrero de 2015, el Gobierno de Puerto Rico propuso una reforma contributiva que incluiría, entre otras cosas, un impuesto sobre el valor añadido (IVA) de 16%, eliminaría el IVU, y reduciría la contribución sobre ingresos. Al día siguiente, el 12 de febrero de 2015, la agencia clasificadora Standard and Poor’s (S&P) degradó, entre otros, los bonos emitidos por COFINA. Como parte de las razones para esa degradación, S&P indicó que el IVA aumenta la incertidumbre con relación al ingreso que se vaya a generar mediante esa nueva fuente y con la habilidad del gobierno de mantener separados los fondos de COFINA de los ingresos del resto del gobierno. El 19 de febrero de 2015, la agencia clasificadora Moody’s Investors Service anunció una acción similar, esencialmente por las mismas razones.
Esas degradaciones, unido a la estructura de ingresos propuesta en la reforma contributiva, hace poco probable que se puedan cumplir las dos condiciones que le permitirían al gobierno reemplazar el IVU cumpliendo con los compromisos contraídos con los bonistas de COFINA. En primer lugar, va a ser bien difícil que el gobierno pueda certificar que el IVA no afectará la clasificación de los bonos de COFINA, si ya las afectó. En segundo lugar, si el IVA no solamente reemplazaría el IVU, sino también gran parte de las contribuciones sobre ingresos que nutren el Fondo General, es difícil visualizar que tres abogados firmen una opinión legal indicando que el IVA transferido a COFINA no constituye “recursos disponibles” del gobierno estatal.
Si el gobierno implantase la reforma contributiva sin cumplir con esas dos condiciones, se corre el riesgo de tener que pagar parte, o la totalidad, de los $15,200 millones en bonos de COFINA que están en circulación, lo cual representaría un duro golpe al erario. Por lo tanto, el gobierno no debe aprobar la reforma contributiva sin buscar la forma de evitar que eso ocurra.
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Nota: Este escrito fue publicado en el periódico El Nuevo Día, 15 de abril de 2015, página 59.
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